Proponen exhortar a que el gobierno informe sobre víctimas de Atenco
Diputado Martínez Neri presenta un punto de acuerdo
A casi un mes del homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, el 15 de junio, el semanario Ríodoce ha convocado a los periodistas de Sinaloa y de todo el país a marchar por la paz y la justicia, contra la violencia y por el esclarecimiento del asesinato del corresponsal de La Jornada y cofundador de la segunda publicación.
“El llamado se está haciendo a todas las organizaciones sociales, ciudadanas y de profesionistas, a los empresarios, a los abogados y los médicos, a los católicos y comunidades cristianas, a los universitarios y a los maestros”, señala la convocatoria del semanario.
Se exhorta también, agrega: “a los periodistas, a los partidos políticos, a los legisladores locales y federales, a las mujeres y hombres de buena voluntad, a las madres y padres con hijos desaparecidos y a las víctimas de la violencia”.
En Sinaloa, trabajadores de Ríodoce han programado una agenda específica de protesta y movilización en cinco ciudades de la entidad.
En Culiacán habrá una concentración el 15 de junio en la catedral, a partir de las 17 horas para caminar hacia palacio de gobierno. También en el puerto de Mazatlán habrá una reunión para manifestarse frente a la sede local de gobierno. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas instancias del gobierno federal a que informen sobre el estatus del caso de las 11 mujeres de San Salvador Atenco contra el Estado mexicano sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El también coordinador del PRD en San Lázaro apremió a adoptar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, para evitar casos de fuerza policial desmedida y, en caso de ocurrir, que sean realmente sancionados.
Se argumenta, mencionó, que durante los operativos policiales en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, las mujeres fueron víctimas de diversas formas de violencia durante la detención, traslado e ingreso al lugar donde permanecieron privadas de su libertad.
La CoIDH, dijo, estableció que la detención fue ilegal, arbi- traria y no se les informó sobre las razones de su detención, ni los cargos imputados.
El pasado 27 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el documento de fondo de este caso, en el cual establece que el Estado incumplió con su obligación de investigar los hechos denunciados con la debida diligencia y en un plazo razonable.
La comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad síquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas, por lo que dispone una reparación integral en favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y sicológico o siquiátrico.