Cumple 8 días paro de transportistas en Argentina
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó este lunes el pedido de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para frenar el proceso de reforma de la Constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
Horas más tarde, Ortega impugnó el nombramiento de 33 magistrados del TSJ designados en diciembre 2015 por el Congreso, en ese entonces de mayoría chavista, por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis del país.
Al profundizarse el enfrentamiento que sostiene con Maduro, Ortega denunció que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que responsabilizó al gobierno si algo les sucede.
En tanto, encapuchados incendiaron parcialmente un edificio administrativo del TSJ durante disturbios en Caracas, en otra jornada de protestas contra Maduro.
Los inconformes lanzaron piedras y cocteles molotov contra oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, zona este de Caracas, lo que provocó un incendio en la fachada donde también funciona una sucursal bancaria, que también sufrió daños.
Militares y policías respondieron con gas lacrimógeno y disparos de perdigones.
Los encapuchados también lanzaron piedras contra el Ministerio de Vivienda.
Mientras, la sala electoral del TSJ declaró inadmisible el recurso presentado por Luisa Ortega “por inepta acumulación de pre- tensiones”, por medio de Twitter.
La fiscal, apoyada por figuras del chavismo críticas al gobierno, llamó a los venezolanos a oponerse a la Constituyente, al considerar que violenta la democracia, la “progresividad” de los derechos humanos y el derecho al sufragio.
La Constitución de 1999 impulsada por el ex presidente Hugo Chávez fue convocada tras un referendo y luego el nuevo texto también fue consultado en las urnas, por lo que Ortega y otros chavistas aseguran que la iniciativa de Maduro “destruye” el legado del fallecido líder.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que controla el Congreso, llamó a sus seguidores a acudir a formalizar su adhesión al recurso de la fiscal en la sede del TSJ, pero sus accesos fueron cercados por cientos de agentes de la Guardia Nacional.
Horas más tarde, Ortega arreció su confrontación con Maduro e impugnó el nombramiento de 33 magistrados del TSJ por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis de Venezuela.
El 23 de diciembre de 2015, en un turbulento cierre de sesiones, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo, nombró y tomó juramento a esos magistrados, días antes de que la oposición tomara el control legislativo el 5 de enero.
La policía del estado de Miranda, gobernado por el líder opositor, Henrique Capriles, fue intervenida este lunes por supuestos vínculos con “redes delictivas”, informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Capriles calificó de “ataque político lo ocurrido” en Twitter.
La capital venezolana amaneció este lunes casi paralizada debido a un paro organizado por cinco sectores de transportistas de Caracas, a lo que se sumó el cierre de céntricas avenidas y estaciones del Metro por orden del gobierno. Autobuses de transporte público con gendarmes y policías mostraron este lunes la imagen de una ciudad de Córdoba militarizada por orden del intendente de la gobernante alianza Cambiemos, Ramón Mestre, en el octavo día de paro de los choferes agremiados que exigen aumento salarial, ya que la oferta de 21 por ciento en varias cuotas les impide llegar a fin de mes.
Parecía una imagen de otros tiempos, el hecho de que los autobuses de transporte público salieran desde la Escuela de Aviación Militar, con algunos choferes que atemorizados se presentaron a trabajar, mientras la mayoría continuaba la huelga y la empresa mantenía los más de 80 despidos.
“El plan de contingencia del gobierno es la militarización de un reclamo social y una provocación para los trabajadores”, denunció Sonia Beas, delegada de los trolebuses de la capital. Repudian la paritaria (negociación salarial a escala nacional) del sector, ya que no hubo aumentos el año pasado y la propuesta de 21 por ciento en tres cuotas “es una burla”.
La empresa ERSA llamó provocativamente a concurso de nuevos choferes para ocupar el lugar de los despedidos, lo que no hizo sino echar leña al fuego.
Suspende el gobierno pensiones a discapacitados
En coincidencia con el caso Córdoba, donde se pretende, como en otros conflictos, castigar con despidos a quienes hacen huelga por reclamos justos, el presidente Mauricio Macri se pronunció contra la justicia del Trabajo, y llamó a terminar con lo que llamó “la industria del juicio laboral”.
Macri dijo que esto era necesario para incorporar al país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que “significa un montón de reglas”.
En este mismo escenario de persecución laboral el gobierno de Macri decidió suspender en forma injustificada las pensiones a los discapacitados, medida que fue rechazada por la oposición y varios organismos.
En estas circunstancias y dentro de un asombroso silencio periodístico de los grandes medios el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán identificaron los restos de otras 19 personas, víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar (1976-1983) que estaban en el temible Pozo de Vargas.