Recompensas demeritan las indagatorias sobre crímenes contra periodistas: ONG

Pareciera que las investigaciones ‘‘no son suficientes ni bastantes’’, consideran Este tipo de incentivos económicos es muy común en casos de desaparición de personas, dicen Ha aumentado más del doble la tasa de mujeres presas por delitos contra la salud

Con las recompensas que ofrece la Procuraduría General de la República (PGR) a quien proporcione información sobre los autores de los asesinatos de periodistas, pareciera que las investigaciones que han realizado sobre estos hechos ‘‘no son suficientes ni bastantes’’, advirtieron diversas organizaciones y centros de derechos humanos.

Además, señalaron que este tipo de acciones, que son muy comunes en los casos de personas desaparecidas –donde también ofrecen recompensas–, han demostrado permanentemente que son un método ineficaz. ‘‘No conozco ningún caso en donde por ese medio se haya encontrado a nadie que esté desaparecido’’, dijo Michael Chamberlain, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

En tanto, la Comisión Nacio- En los pasados dos años la tasa de crecimiento de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en México ha sido de 103.3 por ciento, señaló la organización Equis. Justicia para las Mujeres.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el fuero federal los delitos contra la salud corresponde a casi la mitad, 48 por ciento, del total de los ilícitos por los cuales se encuentran recluidas las mujeres, agregó la organización durante el foro Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Promoviendo políticas innovadoras.

En América Latina la población carcelaria femenina ha aumentado 51.6 por ciento entre los años 2000 y 2015, en comparación con 20 por ciento para el caso de los hombres. En esta región, ‘‘ el crecimiento del encarcelamiento supera, junto a Asia, al de cualquier otra parte del mundo’’.

A la inauguración del foro asistieron Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos; Gerardo Isaac Morales Tenorio, director general adjunto para seguridad multidimensional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Mariana Benítez Ti- nal de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que ‘‘es bienvenido todo lo que vaya en función y ayuda para erradicar la impunidad y esclarecer los homicidios en contra de periodistas”.

Al fijar su postura sobre el tema de las recompensas anunciadas por la PGR, el organismo nacional aclaró que es muy importante que estas propuestas se hagan dentro de la ley.

Édgar Cortez, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que la decisión de las recompensas no sólo da pie a pensar que los resultados de las investigaciones son insuficientes para esclarecer los hechos, sino también evidencia una desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones.

Explicó que ‘‘si la ciudadanía confiara y alguien tuviera información, pues esa confianza haría que se acercara y la diera burcio, diputada federal del PRI, y Ana Pecova, directora de la organización Equis. Justicia para las Mujeres.

Los participantes coincidieron en señalar que el involucramiento de las mujeres en delitos relacionados con drogas en su mayoría tienen que ver con la exclusión social, la pobreza y la violencia de género, ‘‘como clara expresión de una sociedad desigual: la mayoría tiene poca o nula educación y es responsable del cuidado de personas dependientes, ya sean niños, jóvenes, personas de mayor edad y/o personas con discapacidad’’.

Carmen Moreno señaló que hace cinco años ‘‘se tenían pocos datos que evidenciaran el impacto sobre las mujeres de las políticas y leyes actuales en materia de drogas’’, pero actualmente se tiene una base para ‘‘decir que entre 70 y 80 por ciento de las mujeres en la región (de América Latina) están encarceladas por estos delitos’’.

Agregó que estos datos ‘‘demuestran el fracaso de las políticas represivas que no han logrado reducir el tamaño del mercado de drogas y que han originado un incremento a las violaciones a los derechos humanos de estas mujeres y de sus familias.

‘‘ Se ha exacerbado la violencia, los problemas de salud y a las autoridades sin que tuviera que mediar un incentivo económico. Entonces, para mí es otra evidencia de que lo que no has logrado construir como resultado de la calidad de tu trabajo, que sería precisamente esa confianza, pues la tienes que comprar en el sentido más literal de la palabra, es decir, pagar por eso’’.

En tanto, Chamberlain –quien trabaja con familiares de personas desaparecidas– recordó que el ofrecimiento de recompensas es muy común para este tipo de casos, también por un monto de millón y medio de pesos para quien la exclusión social. Ha aumentado el uso problemático de drogas, se ha ido expandiendo el alcance y poder del crimen organizado y todos los Estados enfrentan una grave crisis institucional en términos tanto de la legitimidad de sus políticas y sus programas, como de su capacidad para procesar y manejar el hacinamiento en las cárceles, que en México es bastante dramático’’.

Por su parte, Ana Pecova dijo que este problema ‘‘no es sólo del sistema de justicia, es de salud, trabajo y reinserción social, así como de medidas que atiendan las razones por las cuales las mujeres se involucran en estas actividades’’.

Corina Giacomello, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló que en México las mujeres han sido detenidas en posesión de drogas y con fines de venta, en su mayoría en flagrancia y por denuncias anónimas.

Luciana Boiteaux, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en la primera mesa del foro dijo que en su país, en los pasados 15 años el aumento de mujeres encarceladas por estos delitos fue de 576 por ciento, comparado con 270 por ciento en hombres. brinde información a quien sepa del paradero de la víctima o de quienes la privaron de la libertad.

‘‘Pero en mi experiencia no es un método eficaz, y en realidad lo que hemos visto es que la procuraduría, y particularmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, carecen de protocolos eficientes de investigación en casos de agresiones en general a periodistas, no sólo de asesinatos’’, dijo Chamberlain, quien junto con Édgar Cortez formó parte del consejo consultivo del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas entre 2012 y 2016.

Desde su visión, lo que deberían estar haciendo la PGR y la Feadle es crear herramientas para la investigación, pues a pesar de que hay fiscalía en los hechos no hay ninguna especialización, y segundo, atacar las redes de corrupción que están detrás de las agresiones y asesinatos contra periodistas. ‘‘Eso sería mucho más eficiente que estar ofreciendo recompensas, que en los hechos no han demostrado que sean eficientes’’.

Bienvenido todo lo que vaya en función de erradicar la impunidad: CNDH