Náyeris y wixáricas solicitan amparo contra hidroeléctrica
Emite CNDH recomendación contra la PGR Piden para proyecto avalado por Semarnat, CFE y Conagua
Los pueblos náyeri y wixárika presentaron una solicitud de amparo contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por otorgar permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que atenta contra los derechos humanos de las comunidades indígenas de Nayarit.
Afirmaron que la propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce que la presa generará afectaciones a sitios ceremoniales de grupos y comunidades indígenas de la región, Señala que “el impacto provocado por la afectación de sitios ceremoniales no es mitigable” y que ocasionará daños ambientales al ecosistema de marismas nacionales del que forma parte el río San Pedro Mezquital.
En conferencia de prensa, representantes de los consejos de La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) porque se obligó a una empleada con embarazo de alto riesgo a realizar actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida del producto de la gestación y violaron sus derechos.
En la recomendación 22/2017, la CNDH señala que a pesar de que conocían su estado por embarazo de alto riesgo, autoridades de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR obligaron a una perita en antropología forense a realizar esfuerzos y actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida del producto de la gestación, en hechos ocurridos en 2014.
La CNDH acreditó que la actitud de los servidores públicos violó los derechos a la protección de la maternidad, igualdad y no discriminación laboral, a una vida libre de violencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia en su modalidad de procuración.
Derivado de la querella presentada por la agraviada el 27 de junio de 2016, se ejerció acción penal contra tres funcionarios de la PGR. Sin embargo, tres días después el juez de la causa negó las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y devolvió la indagatoria para su perfeccionamiento.
LA CNDH recomendó al procurador Raúl Cervantes Andrade reparar el daño a la mujer, que incluya compensación, atención médica, sicológica y tanatológica, así como emitir un protocolo de actuación que deberá seguir el personal directivo de la PGR para el tratamiento de las trabajadoras en estado de gravidez. ambos pueblos informaron que el pasado 28 y 29 de mayo realizaron una ceremonia en el lugar sagrado llamado Keiyatsita, ubicado en la franja del río San Pedro Mezquital, cerca de Rosarito, municipio de Rosamorada, Nayarit, que es “fundamental” en su historia porque ratifica sus lazos ancestrales y fortalece su unidad en la defensa del territorio sagrado frente al megapro- yecto hidroeléctrico Las Cruces.
La demanda de amparo fue presentada por considerar que dicho proyecto viola los derechos a la libre autodeterminación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como a un medio ambiente sano.
La solicitud de amparo señala que el proyecto Las Cruces viola estos derechos, toda vez que se planea construir, en la cuenca del río San Pedro, una cortina de 188 metros de altura que impactará más de 4 mil 500 hectáreas y modificará por completo y de manera irreversible la hidrografía, la morfología, los sedimentos y minerales, así como la fauna y la flora de su territorio, al que acceden para llevar a cabo sus tradiciones culturales y espirituales.
Denunciaron que el proyecto hidroeléctrico no toma en consideración el uso, aprovecha- miento y disfrute de los recursos que los pueblos Náyeri (cora), Wixárika (huichol), O’dam (tepehuana) y Nahua (mexicanera) ostentan en dicho territorio, y sin consultarlos conforme a lo establecido en la Constitución y en las convenciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas que México ha suscrito.
En la soliciutd de amparo piden al Poder Judicial de la Federación que se detenga la ejecución material de cualquier permiso, autorización o proceso que tenga como propósito construir y operar la presa hidroeléctrica Las Cruces, y exigen la protección de los derechos humanos que el Estado mexicano ha previsto para los pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad.