Fiscal general de Venezuela pide retirar inmunidad a 8 jueces del Tribunal Supremo
El defensor del pueblo pide al TSJ se le permita investigar violaciones a los derechos humanos
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió este martes que se retire la inmunidad a ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para poder procesarlos por el delito de conspiración contra el sistema republicano del país.
Ortega solicitó un “antejuicio de mérito” contra los seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional para encausarlos por presunta “conspiración contra el sistema democrático” de Venezuela.
La fiscal, confesa chavista y hoy crítica del gobierno, tomó la decisión del antejuicio con el argumento de que las sentencias de la Sala Constitucional de finales de marzo, cuando asumió las competencias del Congreso y limitó la inmunidad de los legisladores, fueron de tal impacto y magnitud que representaron una “ruptura del orden constitucional. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”, sostuvo.
Justamente fueron esos dos fallos –que luego fueron revertidos–, los que desataron una ola de protestas desde el primero de abril, que han dejado 67 muertos y más de mil heridos y detenidos, al tiempo que llevaron a Ortega a un distanciamiento con el gobierno.
En el último año y medio la Sala Constitucional ha tomado más de medio centenar de decisiones contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y se ha convertido en el principal bastión del gobierno en su enfrentamiento con el Legislativo.
Ortega reiteró este martes sus críticas al fallo a favor de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del máximo tribunal del país, y aseveró que con esa decisión se atentó contra la “supremacía constitucional” y la soberanía del pueblo, al no convocar a un referendo para llamar a esa asamblea, como lo indica la carta magna.
“Corre peligro la paz y la ciudadanía... Sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala”, indicó, al pedir la separación temporal de los ocho jueces mientras se resuelve su petición.
El lunes, el TSJ rechazó “por inepta acumulación de pretensiones”, una acción judicial presentada por la fiscal general para que se declare nula la convocatoria de Maduro para una Constituyente.
El mandatario fue facultado por el máximo tribunal a convocar la Constituyente sin consulta previa, aunque Maduro prometió que la nueva carta magna será sometida luego a consulta popular.
El gobernante propone reformar la Constitución “para lograr la paz” y solucionar la crisis política que vive el país, con un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
Militante desde su juventud en movimientos de la izquierda revolucionaria, Luisa Ortega Díaz en su momento defendió la revolución bolivariana y el legado del ex presidente Hugo Chávez (19992013), a quien calificó de “el más grande humanista” de este siglo.
La gran diferencia entre Ortega Díaz y la oposición, que exige una elección general como única salida a la severa crisis política y económica que vive el país, es que la fiscal sustenta su oposición a Maduro como una forma de defender a Chávez, algo que la sitúa dentro de un grupo conocido como el “chavismo disidente”.
El vicepresidente Tareck El Assami reaccionó en un tuit a la exigencia de Ortega, a quien llamó “indigna”, y sostuvo que de haber sido más diligente en sus funciones “le hubiese evitado al país muertes y violencia”.
A su vez, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, acudió a la Sala Constitucional del TSJ a pedir que se le permita a la Defensoría del Pueblo investigar las violaciones a los derechos humanos.
Denunció que la fiscalía en ocasiones ha impedido su participación en varios casos en los que cree que la Defensoría debe intervenir.
La constitución venezolana otorga protección legal a los miembros del máximo tribunal y establece que para procesarlos y destituirlos por alguna falta grave deben ser investigados previamente por el poder moral que integran la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.
Procuradores y fiscales generales de 12 países iberoamericanos respaldaron a la fiscal venezolana al expresar “preocupación” en medio de la pugna que mantiene con el gobierno de Nicolás Maduro, según un documento difundido la noche del lunes por el ministerio público.
Funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay expresaron su “profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor” de Ortega, señala una comunicación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
“Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la fiscal”, agrega el texto.
Por separado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acusó al gobierno de Venezuela de haber perpetrado “crímenes de lesa humanidad” por su acción “sistemática” de asesinar y torturar” a personas opuestas a sus ideas.
Al mantener la presión contra Maduro, Almagro responsabilizó directamente al ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y al jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, de “gravísimas violaciones a los derechos humanos”, que incluyen crímenes de lesa humanidad.
A todo esto, Maduro le envió una carta al papa Francisco en la que le pide mediar ante la oposición para que no utilice a menores en protestas “violentas” contra el gobierno, señaló Ernesto Villegas, ministro de Comunicación.