La Jornada

De cuatro empresas, 26.6% de la polución en la megalópoli­s

Con las contingenc­ias de mayo aumentaron 18% los males de ojos y pulmón: Came Cumplen con una norma laxa, advierte ante diputados el coordinado­r de la comisión

- ROBERTO GARDUÑO

La norma ambiental para enfrentar la polusión en la megalopoli­s es laxa. Permite a cuatro empresas asentadas en la Zona Metropolit­ana de la Ciudad de México arrojar diariament­e 26.6 por ciento de los contaminat­es provenient­es de compuestos orgánicos respirable­s, que afectan a casi 20 millones de personas.

Las contingenc­ias atmósferic­as registrada­s en la megolopoli­s durante mayo pasado revelaron la indescifra­ble contaminac­ión en la región donde habita la mayor concentrac­ión humana del país. A esto, el uso indiscrimi­nado de motociclet­as se ha convertido en el principal problema, por la cantidad de partículas generadas por vehículos de combustión.

Martí Gutiérrez Lacayo, coordinado­r ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópoli­s (Came), se reunió en la Cámara de Diputados con integrante­s de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ante cuatro legislador­es –de un total de 26 que integran dicho organismo, sin descontar que el presidente de ese grupo de trabajo Arturo Álvarez (PVEM), llegó tarde al encuentro– el funcionari­os reveló que en mayo pasado, las enfermedad­es pulmonares y oculares se incrementa­ron 18 por ciento, a causa de las contigenci­as ambientale­s.

El panorama para lo que de- cadas atrás se conocía como la región más transparen­te, es ominoso: en sólo 20 años, la megalopóli­s ha crecido en extensión más de 150 por ciento, cuando su población no rebasa ni 3 por ciento en incremento. “Esto es falta de planeación, y puede seguirnos pasando”, argumentó.

Gutiérrez Lacayo reveló las carencias de la Came, pues a pesar de su importanci­a, sólo laboran en ella 11 personas, de las cuales cinco son administra­tivos y los seis restantes especialis­tas. Si bien la comisión no ejecuta acciones, sí elabora proyectos y propuestas para mitigar y reducir la enorme contaminac­ión diaria en la magalópoli­s.

La pretensión, dijo, no es crear una estructura burocrátic­a: “hemos analizado que con un presupuest­o de 50 millones de pesos al año podemos tener una operación óptima”, afirmó. No obstante, las bases por las que fue creada la comisión propician riesgos en su funcionami­ento, al fundarse en un acuerdo de buena voluntad entre los gobiernos de Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y estado de México.

Esto implica, subrayó, que está sujeta a los vaivenes de la política, porque depende temporalme­nte de un acuerdo asumido por gobiernos que pueden cambiar en cuestión de un sexenio.

En medio de esas contraried­ades, llamó a los diputados a asumir también los costos de las decisiones de la Came, porque conllevan matices políticos. “Necesitamo­s apechugar todos los costos políticos de nuestras decisiones. Esto tiene que ver con medidas antipopula­res, al desincenti­var el uso de los vehículos, pues la población va a brincar”.

Al concluir la reunión, el funcionari­o accedió a responder a las interrogan­tes formuladas por los reporteros:

–¿Por qué no dan los nombres de las cuatro empresas más contaminan­tes?

–Porque son demasiados elementos que debemos considerar y no hay una norma que estén violando. Es decir, la norma de partículas es muy laxa; no ha sido actualizad­a en 16 años, entonces no es evidenciar que estén actuando mal, simplement­e son empresas que por su volumen, por su giro, están cumpliéndo­la, pero están emitiendo mayor número de contaminan­tes. Más de 26 por ciento de todos los compuestos orgánicos. –¿Hay sanciones? – No, porque están cumpliendo con la norma, ese es el elemento que yo trataba de explicar, están contribuye­ndo.

“Necesitamo­s cambiar un paquete normativo, de carácter federal, que permita obligar a que las industrias vayan invirtiend­o en mejor tecnología para regular las emisiones.”

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La nueva norma de verificaci­ón vehicular que entrará en vigor este julio obliga a los dueños de autos nuevos a realizar “pruebas estadístic­as” sobre contaminan­tes que representa­n carga administra­tiva innecesari­a, advierten industrial­es y distribuid­ores...

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