La CNDH pide al gobierno ratificar la convención sobre derechos de los viejos
Pobreza, maltrato y abandono obstaculizan sus garantías y vivir con dignidad
Las condiciones de pobreza, abandono, violencia, negligencia, maltrato sicológico y abuso económico que padecen los adultos mayores en el país, les impiden hacer efectivos sus derechos humanos y vivir con dignidad su vejez, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al emitir un pronunciamiento con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez –15 de junio—, el organismo nacional instó al Estado mexicano a ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con la finalidad de ampliar el marco jurídico de protección a este sector.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Envejecimiento, integrada en el estudio Los mexicanos vistos por sí mismos, de 2015, 74.1 por ciento de los entrevistados opinó que el principal tipo de violencia que sufren los viejos es la negligencia, cuando la persona que cuida a un familiar no cubre las necesidades del adulto mayor; 67.7 estimó que es el maltrato sicológico; 65.4 consideró que es el abuso económico; 63.1 la autonegligencia, en referencia al poco cuidado de sí mismo, y 61 por ciento señaló que es el maltrato físico.
La CNDH advirtió que gran número de instituciones públicas y privadas fueron edificadas y prestan servicios a partir de una concepción negativa del enve- jecimiento, que considera a los adultos mayores personas con capacidad limitada para adoptar decisiones, incluso sobre su propia vida.
Esto muestra que la situación de vulnerabilidad en que se en- cuentra ese grupo poblacional no deriva en sí misma del proceso biológico natural de envejecer sino, principalmente, del concepto que se construye en la sociedad, señaló la CNDH.
Además, planteó la necesidad de elaborar estrategias de prevención de la violencia de las personas adultas mayores, como campañas de sensibilización para la población en general, concientización de los servidores públicos como garantes de los derechos de los adultos mayores; programas intergeneracionales; capacitación al personal de salud, educativo y de quienes les brindan cuidado en albergues públicos y privados.