Ilegal ampliación carretera por la SCT amaga de muerte a Tepoztlán
La autopista La Pera-Cuautla avanza a contracorriente de la población del municipio Habitantes y organizaciones exigen al gobierno de Morelos que acredite su derecho de vía
“Es lo peor que podríamos vivir, la muerte de Tepoztlán como pueblo originario”, expresa la maestra Osbelia Quiroz, de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán. La autopista La Pera-Cuautla –anunciada hace un lustro por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno estatal de Graco Ramírez Garrido– avanza a contracorriente de la población de este municipio morelense, ignorando argumentos legales, violando derechos colectivos y dividiendo a las comunidades mediante coerción, corrupción o adoctrinamiento.
La maestra Osbelia, como la conocen todos, habla con La Jornada desde el plantón que mantienen los comuneros a las puertas de la presidencia municipal. “El gobernador se está burlando de nosotros desde el principio. Demandamos un diálogo con la SCT y las instancias involucradas a nivel estatal y federal. Queremos conocer el permiso que dicen tener para meterse a un territorio protegido por la ley.” Refiere que el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Miranda, aseguró que el gobierno cuenta con “todos los permisos”, pero en realidad “sólo tienen los que se han dado ellos mismos, pasando por encima de la población”.
Territorio protegido
Pobladores, comerciantes y organizaciones locales exigen al gobierno que acredite su derecho de vía y un permiso de las autoridades comunales para la ampliar la autopista en el territorio protegido por dos decretos presidenciales: Parque Nacional El Tepozteco ( 1937) y Corredor Biológico Ajusco- Chichinautzin ( 1988), así como por el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial ( POET) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas.
La maestra Osbelia, recientemente nombrada concejera del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, considera que si los pueblos de Tepoztlán deciden el destino de sus tierras y frenan las obras, “lo terrible será lo que viene, éste dejará de ser un pueblo, ni ciudad va a ser, no habrá agua, meterán el club de golf al que tanto nos hemos opuesto, megatiendas y una autopista que va a dañar profundamente nuestra existencia cotidiana”.
Lo que ocurre en este municipio de raíz nahua, reputado como cuna del mismísimo Quetzalcóatl, es como lo que experimentan muchos pueblos y regiones del país: grandes autopistas, megaproyectos turísticos, estratosférica especulación inmobiliaria. Pero el pueblo de Tepoztlán ha demostrado ser diferente durante anteriores embates del desarrollismo agresivo con los oportunos permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la cual los tepoztecos inconformes consideran cómplice de la ofensiva urbanizadora y carretera.
Según Frentes Unidos, las obras devastarán directamente 121 hectáreas cubriéndolas de asfalto, e indirectamente cientos de hectáreas más. Si según datos oficiales se talarán unos 3 mil árboles, se prevé un número mucho mayor. A los cinco carriles planeados se añadirán nueve casetas en la entrada del pueblo y otras tantas en los accesos de las comunidades. Los pozos, sobrexplotados por las obras, lo serían más aún; peligran con secarse, y ya existe un conflicto con los piperos por proveerles agua a las firmas constructoras, que consumen millones de litros. La madrugada del 19 de mayo, 100 taladores devastaron amplias extensiones arboladas en las afueras de la cabecera municipal y tramos hacia Santiago Tepetlapa, mientras la población dormía.
Con obras “de regalo”, canonjías y promesas, las autoridades han dividido comunidades y fa- milias. Aprovechan algunas peculiaridades de Tepoztlán, como el que no aparezca como comunidad en el Registro Nacional Agrario. Así, las autoridades estatales imponen proyectos sin permiso de ocupación previa. Tienen aliados, como la organización de transportistas que lidera el ex alcalde priísta Gabino Ríos Cedillo; fueron ellos quienes, como grupo de choque, obligaron al plantón opositor instalado en la entrada del poblado a mudarse a la presidencia municipal la semana pasada.
Uriel Garrido Méndez, también de Frentes Unidos, insiste en que la SCT no posee el permiso de ocupación previa, siendo que de los 21 kilómetros del proyecto carretero en Tepoztlán, 16 son comunales. Sólo cinco kilómetros son ejidales. Denuncia a Francisco Navarrete, ex alcalde y diputado perredista en ascenso, quien solía decir: “Yo mando obedeciendo, como los zapatistas”. Ahora participa en los desalojos y “está bien metido en negocios gubernamentales”.
El 7 de junio, al trasladar su plantón por la agresión de “gente pagada por los empresarios materialistas”, Frentes Unidos emplazó al alcalde Lauro Salazar Garrido para que demande a la SCT y al secretario de Gobierno del estado que la ampliación de la carretera siga detenida, y el municipio “active todos los mecanismos dentro de sus facultades para interponer demandas y denuncias contra las ilegalidades de la SCT, que está cometiendo el delito de despojo en perjuicio de la comunidad de Tepoztlán”.
Frentes Unidos argumenta que el proyecto carretero hace necesario convocar al Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial “con carácter de urgente” para hacer valer el POET. Las obras violaron las condicionantes de la manifestación de impacto ambiental, “por lo que es necesario interponer demandas ante Profepa y exigir que se cancelen los permisos ambientales”.
Hablan los jóvenes
La población juvenil también se encuentra dividida. Muchos ven como ventaja poder viajar fácilmente a Cuernavaca, y consideran atractivo que existan cines, supermercados, un centro comercial. A su vez, el Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán denuncia que desde el inicio del año seis empresas “pagadas por la SCT” devastan el Área Nacional Protegida del Parque Nacional El Tepozteco. “Hemos combatido la devastación, que también vulnera nuestros derechos y garantías fundamentales. Las máquinas están de regreso porque desde la cúpula del poder se manipulan las leyes, los procesos legales y seguramente la conciencia de algunos juzgadores”.
Acción de autoritarismo
La batalla legal se inició en 2013. “Para atomizar las movilizaciones, el gobierno envió el amparo a un juzgado en Acapulco y en pocos días éste dio la razón a la SCT. Nos inconformamos y se turnó al primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del decimoctavo circuito.” La sentencia contraria a los tepoztecos se dio en una votación de dos a uno; el magistrado presidente, de apellido Roldán, “defendió nuestra posición y consideró que la sentencia no garantiza el derecho a la salud, a un medio ambiente sano (artículo 4 constitucional) ni al debido proceso en el juicio de amparo, ya que no se nos reconoció el interés legítimo para reclamarle al gobierno el daño ecológico”. La sentencia “es una acción clara de autoritarismo”.
“Los atropellos también son cometidos por el Congreso local, que eliminó la obligación legal del Ejecutivo estatal de pedir autorización a la sociedad para realizar cambios en las reservas territoriales. Las leyes se están modificando para que Graco pueda vender las reservas territoriales de nuestro estado al mejor postor.” Los jóvenes denuncian la destrucción de la zona arqueológica de Talxomolco, con participación del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del lugar llamado Amate Amarillo, donde todos los árboles alrededor fueron abatidos.
Por último señalan: “Las nuevas carreteras son trampas de muerte. Es del dominio público que el índice de siniestralidad aumentó de manera alarmante en el ‘paso exprés’ de Cuernavaca y el tramo entre Oaxtepec y Cuautla, donde los tráileres de doble remolque provocan casi todos los accidentes. Nos oponemos a que nuestro parque nacional sea destruido para que unos pocos corruptos y traidores sigan saqueando al país y llenando sus bolsillos. Destrucciones como la de Tepoztlán nos están llevando al suicidio colectivo. Ejerceremos todas las acciones que creamos convenientes para detener la destrucción. No cederemos”.