Obispo de Chilpancingo llama a apoyar a desplazados por violencia en Guerrero
Falta labor de inteligencia de autoridades: Rangel Mendoza
Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacó ante el Senado que se debe tomar conciencia del abuso, maltrato y explotación financiera de la vejez.
Al participar en la mesa de análisis Dos años de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el funcionario refirió que estas personas, además sufren discriminación y violencia.
Junto con investigadores universitarios, dirigentes de organizaciones civiles y legisladores, pidió que el gobierno mexicano ratifique dicha convención para proteger los derechos humanos de las personas de la tercera edad.
Violencia y explotación
Eslava Pérez refirió que el 15 de junio fue el día mundial de la toma de conciencia y contra el maltrato a la vejez, por lo que es necesario que en México se reconozca y se visibilice la situación en que se mantiene a este sector de la población abandonada, maltratada y ahora explotada económicamente.
Destacó que los organismos públicos de derechos humanos, entre ellos la CNDH, “tenemos un reto enorme de impulsar la observación, promoción y respeto de los derechos humanos de la vejez”.
Propuso aspectos principales “que deben ser considerados para revertir el entorno en que hoy viven las personas mayores”, entre ellas, destinar recursos humanos, materiales y económicos para una adecuada implementación de medidas que se pongan en práctica; que se realicen estudios y se dé seguimiento a los casos de abandono de las personas por sus familias; que se dé seguimiento a las denuncias de maltrato y de delitos cometidos, y se destinen mayores recursos a este sector de la población”.
El Estado debe realizar un reconocimiento cada vez más amplio de los derechos de la vejez, en este sentido, subrayó, “la ratificación de esta convención debe ser una prioridad en la agenda pública, sobre todo cuando estamos a seis años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos”.
Agregó que se requiere eliminar concepciones sociales negativas sobre esta etapa de la vida, generando conciencia para dictar medidas preventivas, económicas, de salud, de educación. “Urge conocer información detallada de los múltiples subgrupos de esta población, por características, los que están en pobreza, los que están en la calle los abandonados por sus familias, los que no tienen parientes, los que presenten alguna discapacidad, mujeres, indígenas”.
En tanto, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, organizadora de la actividad junto con la Universidad Nacional Autónoma de A finales de mayo pasado, un total de 131 mil 438 mexicanos se encontraban en juicios de deportación en Estados Unidos, y deben esperar un promedio de 922 días antes de que su caso sea decidido por un juez.
Según cifras del gobierno federal obtenidas por el proyecto TRAC, de la Universidad de Siracusa, la mayoría de estos casos están radicados en cortes de California (37 mil 787), Texas (26 mil 814) e Illinois (10 mil 658).
Los procesos de mexicanos representan la mayoría de los 598 mil 943 de migración que esperan una decisión de un tribunal migratorio. Los casos están seguidos de cerca por ciudadanos de El Salvador (130 mil 537).
Tras procesos de mexicanos y salvadoreños, las cortes de migración en Estados Unidos acumulan 98 mil 563 juicios de ciudadanos de Guatemala; 84 mil 954 de Honduras y 22 mil 779 de China.
Los 598 mil 943 que desahogaban hasta el 31 de mayo las cortes de migración de Estados Unidos representan un notable aumento de 100 mil juicios respecto de mayo de 2016, cuando se acumulaban 492 mil 978. La espera promedio general de la resolución es 670 días.
TRAC no proporciona, sin embargo, datos por nacionalidades respecto del número de casos de deportación que la El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, pidió a los ciudadanos solidarizarse con los desplazados de las comunidades de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja, que sufren acoso, persecución y hostigamiento de grupos de la delincuencia organizada.
Subrayó que la Iglesia está con los pueblos desplazados por la violencia. “Debemos ser solidarios; todos los católicos debemos ayudarlos, apoyarlos, darles algún alojamiento, comida o trabajo, si es posible”.
Entrevistado al término de la misa dominical, manifestó que “el desplazamiento forzado es cortes de migración desahogaban en 2016.
En su análisis, TRAC indicó que la mayoría de los nuevos casos presentados en las cortes de inmigración involucran a individuos acusados por el Depar- simplemente una muestra de lo que está sucediendo en Guerrero, y en algunas otras entidades del país.
“La corrupción que estamos pasando es lamentable. Realmente dan mucha pena estas personas que, prácticamente de manera obligada son desplazadas y tienen que irse con familiares a otros municipios; incluso, hasta salir del estado.”
Señaló que en este problema “gran parte de la responsabilidad la tienen los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y mu- tamento de Seguridad Nacional de violar las leyes migratorias, en vez de estar involucrados en actividad criminal.
Sólo 1.7 por ciento de los nuevos ingresados a partir del año fiscal 2017 – que comenzó nicipal– porque han sido desplazados por el crimen organizado.
¿Para qué se quiere a los elementos del Ejército Mexicano en las calles, o retenes en las ciudades?, preguntó. “No, que mejor vayan a estos lugares donde están atacando a las familias guerrerenses”, sugirió él mismo.
El prelado consideró que al gobierno le está fallando la estrategia de seguridad. “Hace falta mucha labor de inteligencia de las autoridades correspondientes. Sabemos que los grupos del crimen no son muchos, no pasan de en octubre pasado– involucró cargos por un delito agravado, mientras 4.1 por ciento fue acusado de participar en actividades delictivas menos graves que los hicieron susceptibles de ser deportados. 20 ni de 30; ellos saben quiénes son y dónde operan”.
Por separado, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, pidió a las autoridades ofrecer seguridad y apoyo a los pueblos desplazados por la delincuencia organizada en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la Tierra Caliente, así como en poblaciones de la zona norte, donde cientos de personas tuvieron que dejar sus hogares y refugiarse en otras localidades.