Fija el juez Silva fecha para una nueva audiencia sobre la línea 7
Los trabajos continuarán suspendidos hasta que se resuelva el juicio promovido por la AMDA
El juez octavo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, Fernando Silva García, determinó que el miércoles 28 de junio, a las 11 horas, se realice una nueva audiencia sobre la línea 7 del Metrobús, para que se presenten pruebas en el incidente que promovió el gobierno capitalino esta semana para modificar y/o revocar la suspensión definitiva.
En tanto, las obras continuarán detenidas hasta que se resuelva de fondo el juicio promovido por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), que afirmó que la administración capitalina no está autorizada para realizar ninguna obra de la línea 7 del Metrobús, y de hacerlo, por “una mala interpretación” de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, incurrirá en actos que transgreden el amparo otorgado por el juez federal.
Ramón Ojeda Mestre, ex presidente de la AMDA, precisó que “no han sido notificados por el juez ni el tribunal colegiado sobre la posibilidad de que se vayan a tapar las zanjas abiertas en varios frentes de obra. Una vez que nos informen, decidiremos si la acatamos o nos oponemos”.
De hacerlo por la libre, advirtió, se documentará con fotografías, videos o actas notariales y se presentarán al juez en la audiencia incidental que se realizará la próxima semana, donde ambas partes desahogarán sus pruebas y tal vez se pueda decidir “si se otorgan los permisos para tapar hoyos, no antes, y si aceptamos”.
El ex delegado de la Magdalena Contreras explicó que dentro del proceso de probanza existen tres asuntos diferentes: la suspensión provisional, la suspensión definitiva y la impugnación de la autoridad recurrida, que tienen también diversos momentos, y uno es la audiencia constitucional.
La fecha de resolución de la suspensión definitiva, sin embargo, podría irse al 4 de julio si el juez considera que “no existen los elementos necesarios por ambas partes para mantenerla y/o levantarla, y el costo económico que genere tocará sufragarlo al gobierno o a la empresa constructora”, señaló.
“Nosotros, como parte demandante, no tenemos que pagar el costo de una suspensión de obra, porque la autoridad no contaba con los permisos para llevarla a cabo, y hasta que demuestre que no afectará las áreas verdes del Bosque de Chapultepec y los monumentos con valor histórico, artístico y cultural”, dijo.
Hoy, puntualizó Ojeda Mestre, el asunto está en manos del Poder Judicial y la administración capitalina debe esperar a que se resuelva en ese ámbito, “no irse por la libre y entrar en una situación de desafío, tomando decisiones autoritarias, cuando no se trata de un asunto personal, sino de incumplimiento de la ley por su parte”.