Casi 2.5 millones de menores trabajan en México; la mitad ni a la escuela va
En juego el derecho del trabajo, señala Pide el ministro Cossío una buena legislación secundaria para la reforma laboral Diputada exige una política que asegure la eliminación real del flagelo
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró fundamental que haya una buena legislación secundaria y un esquema de transición adecuado al nuevo sistema de justicia laboral, ya que de ello depende la estabilidad del derecho del trabajo en México.
“Si partimos de una mala legislación, me parece que un sector que está razonablemente tranquilo, lo podemos intranquilizar y generar un conflicto donde no lo hay y aquello que se suponía una generadora de soluciones, se puede convertir en una generadora de problemas”, recalcó.
En una conferencia magistral en el cuarto Congreso sobre Evolución del derecho mexicano del trabajo, Cossío Díaz se refirió a la legislación secundaria de la reforma laboral aprobada a fines de 2016, que desapareció las juntas de Conciliación y Arbitraje y dejó la resolución de conflictos obreropatronales en el Poder Judicial.
Explicó que la legislación reglamentaria debe estar lista antes del 25 de febrero de 2018 en que, de acuerdo con la reforma constitucional, debe operar ya el nuevo sistema de impartición de justicia laboral y un punto toral es que debe incluir el posible desahogo oral de juicios en esa materia.
“No es lo mismo, y digo una obviedad, que yo esté sentado y diga, ‘a ver, hable el abogado del patrón o el del trabajador y después el otro’, que los peritos compongan y descompongan y yo ordene y diga ‘algo más que agregar: presenten sus alegatos. Listo, ahí va la sentencia’. Eso hace toda la diferencia en esta materia.”
Consideró que otro factor que se debe analizar es cómo quedarán los procesos en la ley, ya que habrá que definir si se crea un código nacional de procedimientos laborales.
Es importante ello, insistió, porque con la Ley Federal del Trabajo y sus procedimientos actuales para impartir justicia será complejo el desahogo de los procesos que habrán de entrar en vigor.
La reforma desapareció las juntas de Conciliación y la solución de conflictos obrero-patronales pasó a tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Cuando la reforma se aprobó en el Senado los legisladores coincidieron en que esa transferencia al Poder Judicial permite avanzar a una justicia laboral menos costosa y más expedita. En México, 2.47 millones de niñas y niños trabajan; de ellos, sólo 10.47 por ciento labora en la edad permitida o en actividades que no los ponen en riesgo. Adicionalmente, 1.19 millones de quienes trabajan o desarrollan tareas domésticas, no asisten a la escuela.
La secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Mirna Saldívar, demandó a las secretarías de Educación Pública (SEP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Procuraduría General de la República (PGR), reforzar las acciones para construir una política pública sostenible y exitosa que asegure la eliminación efectiva del trabajo infantil.
“Esta práctica constituye un lacerante problema social, que exige, para su erradicación esquemas de atención que partan de un diagnóstico integral.” Por ello, explicó, “se plantea lograr la participación de todos los sectores involucrados para obtener un avance significativo en esta tarea aún pendiente, fortaleciendo el diseño de una estrategia integral y exitosa”.
Refirió datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2016, de que al cierre del 2015 había 491 mil niñas y niños de cinco a 14 años fuera de la escuela, y un millón 580 mil adolescentes de entre 15 y 17 años privados de su derecho a la educación.
“De los 2.08 millones de niñas, niños y adolescentes que no tenían la oportunidad de ir a la escuela, 286 mil no asistían por tener que ir a trabajar, a los cuales hay que sumar los 335 mil que laboran por falta de recursos en sus hogares. Es decir, sumadas ambas categorías se tiene un total de 622 mil.
“No todos los gobiernos se han comprometido plenamente con la lucha contra la pobreza infantil, ni han adoptado de manera sostenida políticas específicas para reducirla y prevenir su reproducción”, afirmó.