Captura corporativa del Estado
l grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. La visita tuvo como objetivo evaluar los esfuerzos realizados por parte del Estado mexicano para prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales.
En el marco de la visita más de 100 organizaciones de la sociedad civil presentaron un Informe en el que documentaron 68 casos de abusos a derechos humanos, de los que el grupo de trabajo retomó seis casos emblemáticos, para evidenciar los abusos a derechos humanos. De esto di cuenta al concluir esa visita el año pasado (La Jornada, 10/09/16). El informe final del grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas, que presentó el pasado 8 junio ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, subraya temas fundamentales que desde tiempo atrás han venido preocupando a organizaciones sociales, comunidades y expertos en el tema.
Observó por ejemplo que se requiere redoblar esfuerzos en concientizar a las empresas sobre su responsabilidad de respetar los derechos humanos y ejercer la diligencia debida en relación con sus actividades e inversiones. Y en la presentación del informe se destacó que los integrantes del grupo detectaron que las empresas no perciben ni reportan lo que hacen para prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos. Mucho menos cómo abordan casos concretos para revertirlas. El mismo informe señala que el Gobierno tampoco ha trazado pautas claras, ni fijado expectativas definidas para las empresas, en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades.
De allí la urgencia de contar ya con el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, en el que se hagan sobre sus contenidos y metas las mayores consultas posibles a comunidades y organizaciones sociales, teniendo en cuanta que, con relación a las empresas de titularidad pública, el Gobierno tampoco dispone de pautas y políticas claras para modificar, mediante las prácticas de contratación pública, la conducta de las empresas. Asimismo el grupo de trabajo concluye que hasta la fecha el sector bancario de México ha prestado poca atención a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. El informe hace énfasis en la urgencia de respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. Reitera además que “las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos, y que han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”. En su momento las organizaciones sociales denunciaron que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y al territorio; y en 28, el acceso a la información.
Durante la presentación del informe la organización no gubernamental Dominicans for Justice and Peace, con estatuto consultivo ante el ECOSOC, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, manifestó que conforme a sus propias observaciones sobre el terreno es de suma preocupación que el Estado mexicano esté priorizando los intereses económicos de las empresas trasnacionales sobre la protección de los derechos humanos de su población, especialmente grupos vulnerables como los trabajadores agrícolas y las comunidades indígenas. Concordaron por ello con el grupo de trabajo en que por parte del Estado y las corporaciones sigue habiendo una gran necesidad de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, antes de emprender cualquier megaproyecto.
El grupo de trabajo denunció también que “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”, sobre todo cuando aquellos defienden sus propios recursos y territorios. Pudo además comprobar “la censura y las sanciones que sufrían los periodistas de investigación que habían expuesto casos de conflictos de intereses y corrupción”. Las informaciones sobre el contexto que se hicieron desde la sociedad civil arrojaron que en 62.5 por ciento de los casos relacionados con empresas se documentan amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos y las comunidades mismas que defienden sus derechos.
Resulta entonces fundamental y urgente que tanto el Estado como las empresas lleven a cabo las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, y que “los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán.” Las empresas mismas debieran reconocer públicamente la importancia de su labor, en la construcción de una verdadera democracia en México. Y con el propósito de evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos, el grupo de trabajo recomendó también reforzar la supervisión y evaluación de los efectos ambientales y sociales. Se detuvo además en señalar la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones con el objeto de controlar la contaminación ambiental causada por la actividad empresarial.
Con este informe, las empresas por fin han sido señaladas como agentes que provocan violaciones a los derechos humanos. La cuestión ahora será ver cómo el Estado, haciendo uso de su soberanía frente al poder corporativo, puede dar cumplimiento a estas y otras recomendaciones.