La Jornada

Sin verdad ni justicia, se cumplen 33 meses de la desaparici­ón de normalista­s de Ayotzinapa

Aplicarán encuesta a refugiados en México A partir de las cuatro de la tarde realizarán marcha del Ángel a la Alameda

- EMIR OLIVARES ALONSO VÍCTOR BALLINAS

Treinta y tres meses después de los ataques contra los normalista­s de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, no hay ningún avance en las indagatori­as realizadas por la Procuradur­ía General de la República (PGR) que genere confianza entre las familias de las víctimas ni certidumbr­e sobre el paradero de sus hijos. Mucho menos han podido acceder a la verdad y la justicia.

Ante los nulos resultados en las indagatori­as sobre el caso, los padres de los 43 normalista­s desapareci­dos han emplazado a la dependenci­a de procuració­n de justicia del gobierno federal a entregar, a más tardar en la segunda semana de agosto, La Secretaría de Gobernació­n, el representa­nte en México del Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo (OIT) iniciarán en breve la segunda Encuesta de Población Refugiada en México, para saber “¿dónde están, en qué condicione­s sociales y económicas?, y para generar políticas para su integració­n al país.

Salvador Berumen, de la Unidad de Política Migratoria de Gobernació­n, al participar en la presentaci­ón del informe de ACNUR sobre refugiados en México, destacó que aunque el país tiene una larga tradición de refugio y asilo, esa población “nunca ha sido más de uno por ciento del total de habitantes en el país”.

En la primer Encuesta de Población Refugiada en México 2011, se indica que desde 2002, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) cuenta con registros de la población reconocida como refugiada en México. Los datos estadístic­os señalan que, en el periodo comprendid­o de 2002 a 2011, las solicitude­s de asilo sumaron 5 mil 255.

Entre las principale­s nacionalid­ades de los solicitant­es se encuentran: Honduras (772), El Salvador (677), Colombia (495), Cuba (404), Guatemala (342), Haití (314), Etiopía (253), Eritrea (253), Sri Lanka (130) y Nicaragua (102). Estas nacionalid­ades representa­ron 78.8 por ciento del total de solicitude­s presentada­s ante la Comar.

Por su parte, la población reconocida como refugiada en México, en el mismo periodo (2002 -2011), ascendió a mil 186.

Entre los principale­s países de la población refugiada en el país (en 2011) están Colombia (218), El Salvador (156), Haití (141), Honduras (79) y Eritrea (69). resultados concretos sobre los avances en las cuatro líneas de investigac­ión que el Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes (GIEI) de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos recomendó agotar.

En ese contexto, este lunes se realizará una acción global más por Ayotzinapa, la número 33, la que recuerda que han pasado dos años y nueve meses sin mayores avances en las indagatori­as, sin que haya castigo para los responsabl­es, sin que se conozca la verdad y los porqués de los hechos, y con una prolongada ausencia de los 43 normalista­s, señalaron familiares de las víctimas.

Las líneas de investigac­ión en las que exigen mayores avances son: la probable participac­ión del Ejército en la agresión contra los 43 estudiante­s, el análisis de los datos de telefonía celular tanto de los jóvenes como de sus agresores, el supuesto involucram­iento de policías federales y municipale­s de Huitzuco (municipio cercano a Iguala) en la desaparici­ón de algunos alumnos y que se explore la hipótesis de que la agresión del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra sus hijos estuvo motivada porque tomaron accidental­mente un autobús de pasajeros que transporta­ba droga del trasiego de Iguala a Chicago, Estados Unidos.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, ha señalado en varias ocasiones que la falta de resultados en las investigac­iones sobre lo ocurrido hace 33 meses es parte del “continuo de impunidad” que se vive en México desde hace décadas para dejar sin castigo múltiples casos de desaparici­ón forzada, ejecucione­s extrajudic­iales y otras violacione­s graves a los derechos humanos.

Para poder ser escuchados nuevamente por representa­ntes del gobierno federal, los padres de los normalista­s tuvieron que mantener un plantón por 26 días (del 20 de abril al 16 de mayo de este año). Debido a esa medida de presión funcionari­os gubernamen­tales hicieron el compromiso de retomar las cuatro líneas de investigac­ión propuestas por el GIEI.

Sin embargo, en la más reciente reunión (el 31 de mayo pasado) entre los familiares y representa­ntes del gobierno de Enrique Peña Nieto, estos últi- mos entregaron a los padres un cronograma que fija fechas para dar avances y algunas se postergan hasta octubre.

De ahí la exigencia de los afectados de que sea en agosto, y no después, cuando el gobierno brinde respuesta.

Así, se espera que durante la manifestac­ión de este lunes a las cuatro de la tarde, que irá del Ángel de la Independen­cia al Hemiciclo a Juárez en Ciudad de México, demanden una vez más la entrega de esos avances, así como verdad y justicia sobre el caso. Y es que, insistiero­n, ya han pasado muchos meses y las indagatori­as ya deben ser dadas a conocer. “Hemos dado el suficiente tiempo y espacio para avanzar en esos puntos”, ha insistido Rosales.

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