Tlatlaya: inconsistencias documentales

Mando que firmó la orden para actuar lo hizo en un ‘‘machote’’

Al analizar el expediente sobre el caso Tlatlaya, abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) encontraron que el mando del Ejército que firmó la orden para la actuación militar –que derivó en la ‘‘ejecución arbitraria’’ de civiles– alegó en su declaración ministerial que él no había dictado el oficio, sino se trata de ‘‘un machote o borrador’’ al que únicamente le cambian la fecha, el destinatario y el área de operaciones; así fue como lo suscribió.

En vista de ‘‘la falta de una debida diligencia en la investigación penal a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR)’’, Aracely Olivos y Gabriela Carrión, abogadas del Centro Prodh, señalaron que ese dato es relevante, pues de ser acreditado, el Ministerio Público ‘‘debería identificar al autor de dicho ‘machote’’ o al mando que debió supervisar tales órdenes, a efecto de deslindar su responsabilidad en la emisión de una instrucción que incentiva violaciones a derechos humanos y delitos’’.

Este viernes se cumplen tres años de esas ejecuciones y en ese contexto las litigantes detallaron que pese a que su representada, Clara Gómez, una de las sobrevivientes, y el Centro Prodh han ofrecido pruebas para deslindar responsabilidades en razón de la cadena de mando, y con señalamientos concretos de qué funcionarios deberían ser citados a declarar, a la fecha la PGR sólo ha citado a uno.

Se trata de Sandro Díaz Rodríguez, quien firmó la orden en ausencia del entonces comandante del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio. En su declaración ministerial, que realizó el 26 de octubre del año pasado, al ser interrogado sobre si dictó o no el oficio 10582, relativo al operativo en Tlatlaya, estado de México, el militar señaló:

‘‘No, el oficinista referido fue quien en este caso elaboró el documento, el cual ya lo tienen como machote; es decir, un borrador al cual únicamente le cambian la fecha, el destinatario, el área de operaciones que se van a trabajar y el nombre y la firma de quien lo suscribe.

‘‘Esto es, el resto del docu- mento se queda intacto y ello se puede comprobar si se analizan todos los oficios que se suscribieron en esa fecha y con anterioridad cuando se trata de esa instrucción.’’

Pese a ello, denunciaron, la PGR no ha seguido una línea de investigación derivada de dicha declaración ‘‘relevante’’, particularmente en lo que corresponde al origen de la orden de mando y relevo. Aunado a ello, Díaz Rodríguez agrega en su declaración que durante el proceso que se le siguió en la justicia militar, con el expediente 285/2015, presentó para su descargo tres oficios: uno fechado el 23 de junio y los otros el 29 de ese mes de 2013, que hacen suponer que se trata de borradores idénticos.

‘‘Esto hace pensar que existen otras órdenes con las mismas instrucciones, y no hay certeza hasta que podamos verlo, pero tampoco lo ha requerido la PGR’’. Agregaron que eso da indicios de que lo sucedido en Tlatlaya no fue producto de un error o de la mala conducta de algunos soldados, sino se trata de una estrategia ‘‘para abatir delincuentes en la oscuridad’’, como ya se había acreditado anteriormente.

Otra de las inconsistencias que mantienen el caso en la impunidad, dijeron, es que a tres años de los hechos no hay certeza sobre el número de ejecuciones que realmente ocurrieron en Tlatlaya, pues la PGR señaló que eran ocho, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) habló de entre 12 y 15.

Además, debido a que no había elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los tres militares que estaban bajo proceso por homicidio calificado, un tribunal unitario los dejó en libertad.

Aunque, subrayaron las abogadas del Centro Prodh, ese fallo ‘‘es enfático en señalar que la PGR quedaba en posibilidad de perfeccionar la indagatoria (…) no se trató de una absolución plena ni mucho menos de un pronunciamiento judicial respecto de la inexistencia de las ejecuciones’’.

Una más, agregaron, es la alteración de la escena del crimen que la CNDH ya acreditó y cuyo expediente tiene al menos 19 discrepancias con el expediente militar. Por todo lo anterior llamaron a la PGR a atender y resolver dichas inconsistencias en los hechos de Tlatlaya.