Las protestas en Venezuela cobran otras tres víctimas mortales; la cifra se elevó a 85
La fiscal general, Luisa Ortega, comparecerá el martes
España, en gran parte gracias a los movimientos en favor de la comunidad LGBTTT que surgieron en las principales ciudades hace más de 30 años, se ha convertido en uno de los países de referencia tanto en el progresismo de su legislación como en el avance cultural en el respeto a la diversidad.
El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2005 la primera ley que permitió, con todos los derechos y obligaciones, el “matrimonio homosexual”. A pesar de los prejuicios y críticas de una parte cada vez más minoritaria de la sociedad, finalmente la ley se ha ido convirtiendo en una más, asumida con normalidad tanto por los funcionarios y jueces que las aplican, como por la sociedad.
En parte por esto, Madrid se convirtió en la capital mundial de la igualdad y la diversidad. Más de dos millones de personas colapsaron el centro de la capital española con mensajes festivos en favor del respeto a la sexualidad, con pancartas y mensajes de libertad.
La manifestación se prolongó durante más de siete horas, con El Ministerio Público de Venezuela confirmó el fallecimiento de otros tres ciudadanos durante las protestas antigubernamentales del viernes pasado en el estado Lara, al oeste del país. La oposición marchó de nuevo ayer, cuando se cumplen tres meses de protestas diarias contra el presidente Nicolás Maduro, en una Venezuela convulsionada donde, según analistas, se vislumbra una escalada de la crisis.
La fiscalía informó del deceso de Fernando Rojas (49), José Gregorio Mendoza (44) y Ramsés Martínez (20), con lo cual se elevó a 85 el número de muertos en la nación caribeña desde el inicio de las manifestaciones.
El viernes, el Ministerio Público confirmó el fallecimiento de Rubén Morillo, por presunto impacto de bala; varios hechos de violencia se registraron en la ciudad de Barquisimeto, capital larense, donde también resultó lesionado un teniente de la Guardia Nacional y otro civil de nombre César Lovera.
Para las investigaciones en torno a los hechos se comisionó a fiscales con competencia en protección de derechos fundamentales y delitos comunes de la entidad occidental.
Las manifestaciones opositoras convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática ( MUD) en Venezuela ya llevan tres meses, con la exigencia del adelanto de las elecciones generales y la denuncia de una supuesta ruptura del hilo constitucional en el país.
“Auspicio” a grupos vandálicos
El gobierno acusa a la MUD de promover la violencia con el auspicio a grupos “vandálicos”, a los cuales responsabiliza de ejecutar la mayoría de los crímenes cometidos en la nación caribeña.
Unos 3 mil opositores caminaron ayer hasta la principal autopista de Caracas para expresar su apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega, quien en medio de las manifestaciones abandonó su línea oficialista para convertirse en férrea adversaria de Maduro, rechazando su convocatoria a una asamblea constituyente.
Ortega deberá comparecer el próximo martes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –acusado de servir al chavismo–, que evaluará si la enjuicia, lo que podría llevar a su destitución. “Tenemos que organizarnos para evitar la elección de esa asamblea constituyente. Si a nosotros nos da la gana, aquí no la habrá”, dijo el diputado Carlos Paparoni.
La fiscal agradeció el apoyo: “Su confianza fortalece nuestra lucha institucional. La defensa de la Constitución es tarea de todos”, tuiteó.
La fiscal se alejó del gobierno, denunciando una ruptura del orden constitucional por decisiones del TSJ que redujeron los poderes del Legislativo. También emprendió una batalla judicial contra los magistrados de la corte y la constituyente que impulsa Maduro para rehacer la Carta Magna, aunque todos sus recursos han sido desechados por el tribunal.
A petición del chavismo, el máximo tribunal le impuso a Ortega la prohibición de salir del país y congeló sus cuentas y bienes. El oficialismo asegura que Ortega mintió al afirmar que no validó la elección de los magistrados del TSJ en 2015, por parte de la anterior mayoría chavista.