Sancionar conductas desviadas, pide CNDH
Observar la ley no mengua la credibilidad en las instituciones
Los miembros de las fuerzas armadas son y deben seguir siendo baluarte y símbolo de profesionalismo, dignidad, servicio y respeto a la ley; de ahí la importancia de que las eventuales violaciones a los derechos humanos en que incurran deban ser ‘‘oportuna y debidamente sancionadas e investigadas’’, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Agregó que ‘‘la conducta de aquellos servidores públicos que se apartan del debido cumplimiento de su deber y de la observancia de la ley, no debe mermar la credibilidad ni poner en entredicho a instituciones enteras’’.
Al hablar en la ceremonia de entrega de la cartilla de derechos humanos al personal naval, en la sede de la Secretaría de Marina (Semar), González Pérez dijo que las tareas de combate a la inseguridad y al crimen organizado ‘‘no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos’’. La observancia de las garantías de los ciudadanos ‘‘no son ni pueden ser vistas como un recurso o vía para la ilegalidad’’.
La cartilla está fundamentalmente dirigida, apuntó, a los marinos que participan en operativos de combate a la delincuencia, aun cuando todo el personal de la Semar debe conocer las implicaciones que tiene la violación a los derechos humanos.
Ante los altos mandos de la Marina y funcionarios de la CNDH, el ombudsman nacional exhortó a la Semar para que siga reforzando entre todo su personal una cultura de protección de los derechos humanos. En esta labor, dijo al almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sanz, la comisión ‘‘es una instancia aliada que, a través de ejercicios como éstos y en pleno respeto a las autonomías y competencias, se compromete y colabora para prevenir las violaciones a los derechos humanos’’.
Resulta equívoco el argumento que defiende la inevitable restricción de los derechos humanos con el propósito de recuperar y mantener la seguridad; al contrario, aseveró González Pérez, al recordar que la obligación del Estado es la de garantizar condiciones de seguridad que hagan posible el libre ejercicio de los derechos.
Lamentablemente, reconoció el ombudsman, en algunos espacios se ha posicionado el falso dilema ‘‘seguridad vs. derechos humanos’’, por lo que es necesario recordar que la seguridad de las personas es en sí mismo un derecho humano. Por lo que, resulta equívoco el argumento que defiende la inevitable restricción de los derechos humanos con el propósito de mantener la seguridad.
La CNDH reconoce el esfuerzo y el trabajo realizado por la Semar en su labor coadyuvante de la autoridad civil dentro de las tareas de seguridad y combate al crimen organizado, dijo. Añadió que las obligaciones impuestas por los derechos humanos ‘‘deben ser cumplidas cabalmente en razón a que el respeto y la protección a los mismos no admiten zonas borrosas ni de opacidad’’.