Tiene Michel Temer “casi certeza absoluta” de que no procederá demanda
El presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró ayer que tiene “casi certeza absoluta” de que la denuncia hecha en su contra por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, no será aceptada por el pleno de la Cámara de Diputados.
La defensa de Temer presentará hoy sus argumentos ante la comisión de la Cámara de Diputados que analiza la denuncia por corrupción en su contra, en un intento por acelerar el proceso que, en teoría, podría destituirlo.
“Será una defensa escrita y después sustentación oral”, afirmó Gustavo Bonini Guedes, uno de los letrados del mandatario, quien declaró: “Estoy muy obediente al Congreso. Tengo esperanza, casi certeza absoluta, de que tendremos éxito en la Cámara”, en una entrevista radiofónica.
El presidente de Brasil afirmó también que la denuncia presentada por Janot es “inepta” y se dijo “muy entusiasmado” con los resultados de desempeño industrial divulgados por la Confederación Nacional de la Industria (CNI).
“Estoy muy entusiasmado. Estoy cada vez más entusiasmado, porque en realidad vamos muy bien. Las reformas van hacia adelante, la inflación está cayendo. Hoy la CNI divulgó que aumentaron 5.5 por ciento las ventas de las fábricas, la capaci- dad instalada de la industria está en 77.4 por ciento y, en el comercio exterior, tuvimos el mejor resultado para junio en la serie histórica desde 1989”, dijo.
El presidente concluyó que “Brasil no para. Continúa y estamos seguros de lo que estamos haciendo en los planos gubernamental, ético y moral”.
Michel Temer fue denunciado por el delito de corrupción pasiva. La acusación se basa en investigaciones iniciadas a partir de la delación compensada de los dueños de la compañía JBS.
La denuncia contra el presidente de la República sólo podrá ser analizada por la Corte Suprema tras autorización de la Cámara de Diputados.
Ante la ausencia de la fiscal, la sala plena del TSJ celebró una audiencia de casi tres horas y se acordó tomar cinco días para determinar si Ortega cometió “faltas graves” para su remoción.
“No he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo”, sentenció la fiscal, quien aseguró que buscan callarla para que no siga diciendo “verdades como que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional”.
Para la fiscal esto es un golpe de Estado “más grotesco que el de Pedro Carmona”, al aludir al intento golpista que sacó del poder por 48 horas en 2002 al presidente Hugo Chávez y que fue atribuido a ese empresario.
Posible, que sea destituida
Sin embargo, señaló la posibilidad de que sea retirada del cargo en las próximas horas. La decisión de remover a la fiscal corresponde sólo al Parlamento, pero sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.
Apoyada por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente al hacerlo responsable de romper el “orden constitucional” a través de fallos del TSJ que socavaron al Parlamento.
En su declaración, Ortega lamentó que tres meses de protestas contra el gobierno hayan dejado más de 90 víctimas mortales y denunció los obstáculos que ha tenido la fiscalía para investigar los hechos, especialmente cuando son transferidos a la justicia militar.
En un acto previo, la Sala Constitucional del TSJ declaró nula la designación del vicefiscal Rafael González y designó para el cargo a la defensora pública Katerine Nayarith Harrington, quien es una de los siete funcionarios del gobierno que fueron sancionados por Estados Unidos en 2015 por presuntas violaciones a los derechos humanos, pero quien sustituiría a Ortega si es destituida.
La oposición, que realizó nuevas manifestaciones en Caracas y en otras ciudades del país, reiteró su apoyo a Ortega y tildó de “usurpadora” a la vicefiscal. “En cualquier país donde exista siquiera un atisbo de justicia, en vez de ser vicefiscal estaría presa por hampona”, dijo el diputado opositor Henry Ramos Allup.
La fiscalía confirmó la muerte de un hombre de 25 años durante una manifestación en la localidad de Táriba, en el estado de Táchira, con lo que suman 91 los fallecidos desde que se iniciaron las protestas, el primero de abril pasado.