Castigo severo a atacantes de la Asamblea Nacional, promete el tribunal venezolano
La fiscal general, Luisa Ortega, impidió el ingreso al Ministerio Público de su posible remplazo
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, anunció este jueves que aplicará castigos severos a los responsables de los ataques del miércoles contra la sede de la Asamblea Nacional, en los que resultaron heridos siete diputados, al tiempo que reclamó el diálogo como instrumento político.
“Los que utilizan la violencia no pertenecen a una parcialidad política, son sencillamente enemigos del país... El pueblo venezolano debe tener la seguridad que los tribunales de la República castigarán severamente estos actos”, manifestó Moreno en un comunicado.
Hizo también un llamado a los dirigentes políticos a neutralizar aquellos elementos que tienen como fin generar acciones violentas y causar zozobra en la sociedad. “Es momento para que los líderes políticos del país, sea cual sea su ideología, den la cara ante el país y se aparten de la violencia como arma política”, destacó.
Recordó la responsabilidad de “oponernos a la sistemática idea de imponer la agresión y vulneración de los derechos fundamentales como arma de protesta”, al tiempo que indicó que desde el Poder Judicial se apoyará un diálogo nacional para evitar más actos violentos.
Los incidentes se registraron en el parlamento el miércoles por un grupo de manifestantes chavistas que ingresó de forma violenta al recinto legislativo y agredió a 12 personas, de ellas siete diputados, indicó Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional.
En este contexto, la fiscal general, Luisa Ortega, impidió el ingreso al Ministerio Público de la abogada chavista que la reemplazará si es destituida. Katherine Haringhton llegó sorpresivamente a la sede de la fiscalía, pero tras esperar unos 20 minutos frente a los portones cerrados, decidió retirarse sin poder tomar posesión de su cargo como vicefiscal.
“Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al Ministerio Público”, dijo Ortega, quien enfrenta un proceso judicial que podría llevarla a su remoción en los próximos días por supuestas “faltas graves”.
Ortega desconoce el nombramiento de Haringhton al destacar que los magistrados fueron elegidos ilegalmente y que la designación del vicefiscal es sólo potestad del Parlamento, al igual que su remoción.
Haringhton, fiscal regional durante la gestión de Ortega, es una de siete funcionarios del gobierno venezolano que fueron sancionados en 2015 por Estados Unidos, que los acusa de violaciones de derechos humanos al haber enviado a la cárcel a varios dirigentes opositores.
El presidente Nicolás Maduro ha insistido en reformar el Ministerio Público desde que la fiscal Luisa Ortega se deslindó de su gobierno y pidió echar atrás la Constituyente por considerar que inició de manera “fraudulenta”. Maduró adelantó que el proyecto de texto constitucional que redacte la Constituyenye –que será electa el 30 de julio– deberá ser sometido a un referendo.
Cientos de personas se manifestaban este jueves en calles de Caracas en rechazo a las actuaciones de los magistrados, después de que una marcha hacia el TSJ fue contenida por las fuerzas de seguridad con bombas lacrimógenas, que lanzaron incluso dentro de un centro comercial.
Un total de 45 personas, incluidos 17 niños, recibieron atención médica de emergencia al resultar afectadas por los gases, señaló Ramón Muchacho, alcalde del municipio capitalino de Chacao, donde está ubicado el recinto comercial, que fue desalojado después de que policías ingresaran en persecución de opositores.
El primer vicepresidente del Congreso, Freddy Guevara, llamó a los manifestantes a bloquear las calles a causa de la repre- sión. “El trancazo (bloqueo) es un mecanismo de protesta después de la actuación de la policía”, señaló.
Los incidentes dejaron al menos seis heridos y varios detenidos, pero desde que comenzaron las manifestaciones contra el gobierno, el primero de abril, han perdido la vida 91 personas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien el miércoles condenó los actos de violencia que se verificaron en la Asamblea Nacional de Venezuela por “inconstitucionales e ilegales”, pidió la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la entidad para el viernes, a fin de discutir la situación en Venezuela.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto condenó el asalto al Parlamento venezolano que “atenta contra la democracia”, porque es un ataque a la tarea que tiene el parlamento de ese país”. En una rueda de prensa en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron, indicó que “debe haber voluntad de las partes para poder sobreponerse (a las diferencias) y resolverlas”.
La agencia Ap reveló ayer que la fuerzas de seguridad han arrestado a por lo menos 102 militares por sospecha de delitos como rebelión y abandono del deber desde el comienzo de la ola de protestas en abril. Trece de los detenidos, incluyendo dos capitanes, aparecen listados con cargos de rebelión y traición, pero la gran mayoría enfrenta delitos menores.
Las listas apuntan a una creciente sensación de duda entre los soldados, que han sido usados para enfrentar las frecuentes protestas contra el gobierno de Maduro.