San Luis Potosí: ¿Dónde el águila paró...?

e acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mayo fue el mes más violento de la historia reciente del país. Si observamos cuidadosamente las expresiones regionales del fenómeno podemos constatar la estrecha relación entre la corrupción política, la descomposición social, la vulnerabilidad de los ciudadanos y el avance de múltiples formas de violencia que tienen su más cruda manifestación en la tasa de homicidios dolosos. Un caso representativo de lo anterior es el estado de San Luis Potosí: en dicho mes registró 61 asesinatos, 45 de ellos dolosos, y en junio las autoridades reportaron otros 46 homicidios dolosos, además de una persistente incidencia de feminicidios que obligó a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de alerta de género en seis municipios, incluidos los dos conurbados de la capital potosina. Los hallazgos de una persona desmembrada y abandonada en bolsas de plástico en la colonia Simón Díaz de la capital, de los cuerpos de dos hombres embolsados en Villa de Ramos, de 13 cuerpos con señas de ejecución o de dos osamentas, tan sólo hacen suponer a la autoridad la presencia del crimen organizado en diversas zonas del estado.

Una descomposición de esa magnitud no es únicamente producto de autoridades incompetentes o coludidas con el crimen; también requiere de un poder político local con miembros dispuestos a operar sus propios mecanismos organizados para delinquir impunemente y enriquecerse desde las instituciones. No es gratuito, por tanto, que mientras se acumulaban los asesinatos en el estado que vio nacer la lucha civilista de Salvador Nava, el 24 de mayo el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Flores, era grabado cuando intentaba extorsionar al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, ofreciéndole limpiar supuestas irregularidades de su cuenta pública a cambio de cuatro millones de pesos, dinero a repartir entre una sociedad de diputados denominada por Flores como la “ecuación”, integrada por el priísta Óscar Bautista, el perredista Guadalupe Torres, el dueño local del impresentable Partido Verde Manuel Barrera, y algunos miembros de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Este órgano de fiscalización, pieza fundamental de la trama, había sido infiltrado con trabajadores recomendados por diputados locales (nepotismo incluido), principalmente por los miembros de la mentada “ecuación”, lo que habla de una peligrosa y bien estructurada red que destruyó, por enésima vez, la institucionalidad y la legalidad en San Luis Potosí.

El panista Flores, sin saberse grabado, explicó con gran conocimiento y desenfado la composición y modus operandi de la “ecuación”, jugando incluso al pandillero bueno que ofrece a su víctima (el alcalde de Ébano) no participar del botín, en una actuación propia no de un asunto ocasional, sino de una práctica consuetudinaria y muy profesional de ejercer sobre los presidentes municipales la extorsión, o bien de ofrecerles servicios de blanqueado de cuentas públicas a cambio, en ambos casos, del premio de “mejor alcalde del mundo”. Eso quedó más que patente cuando el video se difundió por Internet. Lo más sorprendente de todo esto ha sido la manera en que Flores y los otros miembros de la “ecuación” se han victimizado diciendo ser objeto de una “perversa” campaña de linchamiento. Todo un esperpento, indignante, procaz y tan violento como las balas que utiliza el otro crimen organizado para liquidar personas y robarnos la esperanza. ¿Desde cuándo se dedicaban Flores y sus socios a estas actividades delincuenciales? Las posibles respuestas son inquietantes cuando constatamos que Flores había ocupado en su trayectoria política una nutrida cartera de puestos en el PAN estatal, y que había sido diputado federal plurinominal de 2012 a 2015, a la par de su compañero de “ecuación”, el priísta y también impresentable Óscar Bautista.

Más inquietantes resultan otros hechos asociados a la “ecuación”. Por ejemplo, la actitud del niño verde a la potosina, Manuel Barrera, quien no sólo se envolvió en la bandera para calificar de “intereses insanos y perversos” los ímpetus ciudadanos que demandan su destitución e investigación del abultado patrimonio que ha acumulado como funcionario, sino que ha declarado su firme voluntad de no renunciar a su curul para defender a las instituciones, “así me cueste la vida” (sic). O bien el inverosímil episodio del alcalde perredista de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, cuya cuenta pública 2016 resultó sin observación alguna por parte de la ASE, no obstante haber ocultado el destino de mil 513 millones de pesos, como lo ha demostrado el portal de investigación Proyecto Tábano. Gallardo incluso persiste en la opacidad: en el primer trimestre de 2017 ha ocultado el destino de 333 millones más, seguramente confiado en que contaría con los servicios del ahora caído en desgracia cártel de la “ecuación”, cuyos miembros, desesperados, intentan salir impunes frente a una sociedad indignada y movilizada para impedirlo.

En resumen, nada que no hayamos visto por todas las regiones del país y en todos los niveles del poder (con Peña Nieto y sus socios a la cabeza). El costo de este pudridero político nacional lo estamos pagando con sangre. En el caso potosino, mientras por un lado los diputados le apuestan al desgaste social y al olvido, por el otro fingen demencia y no reconocen que su corrupción es parte de la violencia estructural que habilita a la otra criminalidad organizada. Para todos ellos robar es la consigna. Y para nosotros, como sociedad civil, el objetivo es recuperar el país.