Penales de al menos 11 entidades presentan carencias, a pesar de registrar subejercicios
Necesaria, reforma que garantice el traslado de procesados por delitos federales
En el país 11 entidades enfrentan carencias operativas y estructurales en materia carcelaria y a pesar de ello registran subejercicio presupuestal que supera los 700 millones de pesos. Esta es una de las causas por las cuales existe autogobierno de reos, extorsiones y falta de control de la población penitenciaria en estados como Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.
Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad y presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, aseguró que por parte del gobierno federal no existe inconveniente en trasladar a todos los procesados y sentenciados por delitos federales a prisiones de alta seguridad; sin embargo, la legislación obliga a que sean enviados a prisiones cercanas a su domicilio, que no reúnen las condiciones necesarias para su encarcelamiento.
En el Centro de Readaptación Social de Acapulco, donde un enfrentamiento entre grupos rivales dejó un saldo de 28 muertos, tiene una sobrepoblación de 29 por ciento.
Asimismo, el mes pasado en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se registraron enfrentamientos que dejaron un saldo de siete muertos y 13 heridos. La violencia se originó presun- tamente porque algunos presos iban a ser trasladados a prisiones federales. El cambio de cárcel se realizó una vez que la violencia fue controlada.
En ese contexto, en el país existen 11 entidades cuyo sistema penitenciario obtuvo calificaciones reprobatorias de acuerdo con los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, elaborado por la Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y éstas son: Sinaloa, Baja California Sur, Nuevo león, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Guerrero y Nayarit.
El reporte de la CNDH señala que “en la mitad de los centros verificados se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas”, y que “en 63 de los centros (visitados por personal de este organismo) se comprobaron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica, así como una carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de personal para atender a las personas privadas de la libertad y de atención sicológica. De igual manera existen deficiencias en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos”.
El estudio menciona la existencia de “deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene en las áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores; insuficiente personal de seguridad y custodia; hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo. También se identificaron como deficiencias importantes las condiciones de autogobierno/cogobierno, así como la falta de prevención de incidentes violentos”.
A este respecto, Sales señaló a La Jornada que hace “falta posibilitar los traslados de reos federales a los penales de alta seguridad, y esto no ha sido factible por lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos y de Ejecución de Penal, que permite que los procesados por delitos federales sigan su proceso en el lugar más cercano a su domicilio.
“No se trata de distribuir culpas, pero las prisiones estatales deberían tener suficiente capacidad y modelos especiales de alta seguridad, no permitir el hacinamiento ni el autogobierno, y aunque este es un problema que se arrastra desde hace años, creo que se tendría que hacer una revisión al marco legal”, indicó.