Exigen enjuiciar a los Moreira por más de 500 desapariciones y asesinatos en Coahuila
Denuncian a diversas corporaciones policiacas ante la Corte Penal Internacional Cuando familiares de las víctimas interponen una querella, reciben amenazas de muerte
La advertencia del policía encapuchado que entró a las tres y media de la mañana a la casa forzando las cerraduras fue explícita: “Nos lo vamos a llevar. Queremos entregártelo vivo, pero a ver si aguanta”, dijo el uniformado del Grupo de Armas Tácticas y Especiales (GATE) a la esposa de Víctor Manuel Guajardo Rivas, desaparecido el 10 de julio de 2013.
Desde ese día la vida de María Hortensia Rivas Rodríguez, madre de Víctor Manuel, cambió drásticamente. Frente al dolor y la desesperación, decidió fundar Familias Unidas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, organización firmante, junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la denuncia presentada esta semana ante la Corte Penal Internacional (CPI) por más de 500 crímenes de lesa humanidad cometidos en barrios o colonias humildes de Acuña, Allende, Francisco I. Madero, Matamoros, Monclova, Parras, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón, en Coahuila, de 2009 a 2016.
“Tuvimos una audiencia con la fiscalía para exponer estos crímenes, porque advertimos que no hubo voluntad del Estado mexicano para investigar y condenar a los perpetradores. Obviamente, gran parte de la responsabilidad en línea ascendente recaería sobre Humberto y Rubén Moreira”, dice en entrevista con La Jornada la abogada de las víctimas, Ariana Denise García Bosque, quien acudió a La Haya, junto al obispo Raúl Vera y Michael W. Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Bajo un patrón sistemático de tortura, desaparición forzada y ejecuciones, se identifica a miembros del grupo criminal Los Zetas, pero también a fuerzas de seguridad que han operado durante los dos recientes gobiernos. Los GATE fueron creados en 2011 por el gobernador Rubén Moreira, cuerpo policial que sustituyó al Grupo Élite, fundado por su hermano el ex mandatario estatal Humberto Moreira.
Según el informe de 72 páginas presentado ante la CPI, además de estos dos cuerpos de seguridad, están denunciados la Policía Estatal Acreditable, el GATEM (Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales), la Fuerza Élite y el GROM (Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas).
“A partir de 2011 había comenzado a reportarse una mayor cantidad de casos, en particular de privaciones graves de la libertad, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, cometidas directamente por las corporacio- nes de seguridad de Coahuila”, señala el texto de la denuncia.
Y añade: “En los últimos años y hasta 2015 los crímenes se han sucedido teniendo como autores materiales a uno y otro de esos grupos de seguridad. Y, desde inicios de 2016, los integrantes de estas distintas corporaciones han pasado a formar parte de Fuerza Coahuila, sólo un cambio de nombre para una nueva corporación que parece seguir cometiendo los mismos crímenes. Más de 50 por ciento de los casos analizados dan cuenta de crímenes cometidos por una de estas fuerzas especiales”.
Omisión de autoridades
María Hortensia Rivas Rodríguez se cansó de pedir la intervención de las autoridades de Coahuila para buscar a sus hijos desaparecidos.
“Ayúdenos a buscarlos”, decía a los agentes del Ministerio Públicos y a policías. La respuesta siempre fue la misma: nula. Por eso, no le cabe duda de quiénes son los principales perpetradores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila, que ahora serán investigados en la CPI.
“Los Moreira son los que crearon estos grupos de seguridad para ellos; para los ciudadanos normales fue al contrario, fue como una cacería humana lo que hicieron y siguen haciendo. Nosotros no tenemos duda de que todo lo que han hechos los gates y los demás cuerpos de se- guridad son por orden directa de los gobernadores Moreira, primero Humberto y luego Rubén. Así lo dijo Campa, un director de seguridad pública, y existe un oficio”.
Explica que tan sólo en Piedras Negras y los Cinco Manantiales –Allende, Nava, Morelos, Zaragoza y Villa Unión– han documentado 247 casos: “la mayoría fueron cometidos por gates, uno por la Marina y otro por el Ejército. Todas las denuncias son en contra de elementos de la Policía Estatal Acreditada, los del GATE y Élites, que hoy son Fuerza Coahuila; cambiaron de nombre, pero siguen cometiendo crímenes, desapareciendo, torturando y matando gente y nadie los para”.
En el caso de la desaparición de su hijo, María Hortensia Rivas Rodríguez cuenta que fueron identificados algunos elementos, pero nunca se hizo nada contra ellos. “Nosotros buscamos justicia en México, hicimos todo lo posible, pero no hubo resultados de las autoridades. En vista de que no hubo búsqueda de nuestros desaparecidos, nos fuimos al tribunal internacional. Que responda el gobierno de Rubén Moreira, ya que nunca lo hizo a nuestra demnada de búsqueda inmediata ni nuestro derecho a la justicia”.
Su hijo Víctor Manuel fue sacado de su domicilio hace cuatro años por 15 elementos del GATE-Élite, que llegaron en sus camionetas. “Forzaron el candado de la reja de entrada como si fueran unos delincuentes, por- que no traían orden de presentación ni de cateo. Allí lo agarraron y estuvieron torturándolo delante de sus hijos y su esposa. Le decían que les entregara todo el dinero que tenía. Claro que no encontraron nada, y se lo llevaron”.
Las autoridades se negaron, como en otros casos, a integrar una averiguación previa, argumentando que era una desaparición; solamente aceptaron levantar una acta circunstanciada: “Aceptaban la denuncia por el robo de un vehículo o de una casa, pero por la vida de una persona no. Había cientos de desapariciones, pero a la gente la atemorizaban para que no interpusiera alguna querella”.
Explica que lo sucedido en Allende, donde desaparecieron o ejecutaron a más de 300 personas, era público: “Todo mundo sabíamos lo que pasó, pero ni las propias autoridades de Coahuila hacían nada, ni la Policía Federal que andaba por allí. Si no denunciaron, son partícipes y culpables también”.
Cuenta que el gobierno de Rubén Moreira dividió a las madres de desaparecidos, apoyando a la asociación Alas de Espe- ranza, con la que trabajan por otros intereses, pero a ellas no las convencieron: “Yo no busco ayuda del gobierno, sino a mi hijo, como todas, porque amamos a nuestros hijos; no nos compran. Mi hijo no tiene precio, ni con todo el oro del mundo me van a callar y lo voy a seguir buscando hasta que la vida me alcance”.
Añade: “Lo busco vivo, pero también lo ando buscando muerto en fosas clandestinas. Lo quiero vivo, pero también sé que no se lo llevaron a pasear, sé cómo los torturan y los matan. Tengo que poner los pies en la tierra y prepararme sicológicamente, porque la vida se me va en la búsqueda. Ya es imposible seguir viviendo, pero lo hacemos por el amor a ellos. Yo lo traje al mundo, yo lo tengo que enterrar, entregarlo a Dios, darle cristiana sepultura y no me puedo morir sin hacerlo”.
Justicia internacional
Aarón René Fernández Rodríguez tenía 24 años cuando desapareció el 29 de enero de 2011 en Allende. Según los testimonios, los zetas y las distintas policías se llevaban gente a plena luz del día y en la noche, algunos sacándolos de sus casas y otras veces de la calle.
Su madre, Maricela Rodríguez Castillo, cuenta que esa noche lo vio por última vez como a las 23:30: “Estaban en casa de un amigo. Hay un testigo que me dijo que a él y a otro se los llevaron los policías municipales como a las tres de la mañana”, dice en entrevista con La Jornada.
Cuando fue a interponer la denuncia, sólo levantaron un acta circunstanciada y al día siguiente la amenazaron: “Me llegó un anónimo, un papel escrito a mano que decía: ‘Familia de Aarón, desaparezcan de Allene o serán todos muertos’”.
Fue cuando decidieron radicar en otros lugares. “Desde entonces no he sabido nada, como el primer día. Son ya seis años sin esclarecer nada. Directamente los hermanos Moreira son los responsables. Tenemos la esperanza de que ahora en la CPI hagan algo”.
La abogada Ariana Denise García Bosque afirma que el hecho de haber sido admitida la denuncia ante La Haya abre un nuevo camino hacia el fin de la impunidad.
“Es una oportunidad para que las familias se sientan escuchadas. Esperemos resultados muy pronto, porque en Coahuila ha vuelto a quedar el PRI, un partido que ha avasallado la dignidad humana de cientos de víctimas”, concluye.
“En el municipio de Allende EJECUTARON a decenas de personas” “Quiero a mi hijo vivo, pero sé que no se lo llevaron a pasear; sé cómo los torturan”