Institucionalizan despojo en Puerto Morelos
Políticos y crimen organizado, parte de “mafia inmobiliaria” en Quintana Roo
Creado hace poco más de un año y medio, el municipio de Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, se ha convertido en un sitio donde políticos y grupos criminales se han aliado para despojar de sus terrenos a una gran cantidad de personas, mediante una estrategia que combina la invasión física de las propiedades con la elaboración de documentos falsos para reclamarlas como suyas.
Así lo denunciaron grupos de personas afectadas que solicitaron el anonimato por temor a sufrir represalias, quienes subrayaron que esta dinámica ocurre también gracias a la complicidad de diversos funcionarios municipales, con el objetivo de vender los terrenos adquiridos de forma ilegal, sin importar el conflicto que pueda generarse después con los nuevos compradores.
Los denunciantes explicaron que desde el surgimiento de Puerto Morelos –ocurrido el 6 de enero de 2016, luego de un decreto de noviembre de 2015 emitido por el entonces gobernador priísta Roberto Borge–, han tenido lugar múltiples casos de despojo en contra de personas que adquirieron terrenos de forma legal, tienen escrituras y pagan impuestos.
Los responsables son “políticos, grupos del crimen organizado, partidos, funcionarios públicos y prestanombres que forman parte de una red de mafia inmobiliaria que se roba terrenos en todos lados”, y que hasta el momento ha afectado a entre 15 y 20 propietarios en una zona de playa de apenas dos kilómetros de largo.
Según los inconformes, las invasiones de Puerto Morelos siguen un modus operandi muy bien definido: en primer lugar, los despojadores crean escrituras falsas de los terrenos que quieren apropiarse, supuestamente elaboradas por la ex Secretaría de la Reforma Agraria, y con fechas de entre 1970 y 1988.
Acto seguido, se presentan en el lugar con los documentos apócrifos y lo invaden físicamente con grupos de choque y guardias privados, esté ocupado o no por su legítimo propietario.
Una vez en control del lugar, tramitan una boleta catastral, van al notario a certificar su supuesta posesión legal del predio y después lo venden a terceros mediante un prestanom- bres, asegurando tener todos los documentos en regla.
El objetivo de los invasores, por lo tanto, no es llevar a cabo desarrollos hoteleros o inmobiliarios por sí mismos, sino “vender los terrenos y dejarle el pleito al nuevo comprador con el propie- tario legítimo. Es importante que la gente sepa esto y no invierta su dinero, porque aunque te digan que tienen todos los documentos, en realidad son falsos”.
El escenario se ha vuelto tan complejo, alertaron los denunciantes, que incluso ha habido casos de invasores que expulsan con palos y machetes a grupos similares que ya habían tomado un predio, lo que deja latente la posibilidad de choques violentos.
Además de despojar de sus terrenos a propietarios legales, las invasiones ponen en riesgo el equilibrio medioambiental, ya que los ocupantes talan manglares y vegetación de duna, en un fenómeno de tala inmoderada y explotación que ya ha tenido lugar en otras zonas de Quintana Roo.