Veta gobierno de BCS reforma a la ley sobre legítima defensa
El gobernador panista, Carlos Mendoza Davis, vetó las recientes reformas al Código Penal del estado que despenalizan excesos en la legítima defensa. El veto “busca impedir que se generen espacios de impunidad disfrazados de defensa propia”, explicó Carlos Rochín Álvarez, jefe de la oficina del Ejecutivo estatal.
Argumentó que ante las consecuencias que pudieran generarse en diversos supuestos relacionados con las reformas, el gobernador presentó observaciones al Congreso del estado, respaldado en su facultad constitucional de hacer indicaciones en forma de veto a los proyectos de ley que remite el Poder Legislativo.
Precisó que el rechazo se formuló para proteger un derecho que tiene cualquier ciudadano, conocido como exceso de legítima defensa, de poder aplicar una penalidad menor al delito al que pudiera haber incurrido una persona al defender su vida, la de otros o al proteger sus bienes, pero que al hacerlo hubiera incurrido en forma involuntaria en un exceso.
Pretende impedir, dijo, “que se generen espacios de impunidad disfrazados de defensa propia, pues la reforma plantea que al encontrarse el ciudadano dentro de su domicilio, no habrá delito alguno que pueda castigarse si se ejerce la legítima defensa, lo que puede derivar en abusos muy serios”.
El veto del Ejecutivo estatal, añadió, tiene la finalidad de proteger los derechos de los menores, consignados no sólo en la Constitución sino en los tratados internacionales de los que México es parte, toda vez que esta reforma elimina por completo el deber de no lesionar a un agresor cuando sea menor de 18 años, salvo que se trate de un ataque grave.
Rochín Álvarez manifestó: “No dudamos de las buenas intenciones del legislador al aprobar estas reformas al Código Penal; sin embargo, consideramos que la redacción actual encierra riesgos prácticos que deben discutirse de manera cuidosa, con detenimiento, para dificultar entre otros el ejercicio de las insti- tuciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, y no vulnerar la certeza jurídica de las personas”.
Recordó que el actual marco normativo de Baja California Sur contempla la legítima defensa y las condiciones en las que puede darse, previene cualquier abuso evidente de ésta, pero también protege a quien obra legítimamente para preservar su vida, la de otros y sus bienes; sin embargo incurre en un exceso al reducir la pena a la que pudiera hacerse responsable quien se defendió.
La modificación del artículo 31 del Código Penal de la entidad en lo referente a la legítima defensa fue aprobada por el Congreso estatal en la penúltima semana de junio, por iniciativa del legislador panista Alfredo Zamora García.
Según la reforma a la fracción sexta del citado artículo, “el ejercicio de la legítima defensa, en ningún caso se podrá actualizar o tipificar como exceso de esta o en cualquier otro delito o agravante que implique una pena privativa de la libertad ni ninguna otra sanción”.