MÉXICO SA

Ingreso federal empeñado

oco más de un año atrás, con bombo y platillos, se anunció la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por medio de la cual se fijaron los “criterios generales” para el “manejo sostenible de sus finanzas públicas”. En castellano simple, tal legislación busca contener el “alocado” crecimiento de la deuda de estados y ayuntamientos, pues en los pasados tres lustros tal débito se multiplicó por seis, al pasar de 100 mil millones de pesos en 2001 a cerca de 600 mil millones al cierre de marzo de 2017 (sólo la oficialmente registrada). Y, como en el caso federal, esa catarata de recursos que supuestamente “nutriría” a las economías estatales y municipales, y estimularía el desarrollo de las entidades, en realidad sólo ha sido “útil” para pagar los intereses del débito acumulado y, desde luego, para que los gobernadores se sirvan con la cuchara grande. El resultado concreto es que México cuenta con estados y municipios cada vez más pobres y endeudados, pero con gobernadores cada día más ricos. Con todo y nueva ley, la deuda de estados y municipios se incrementó más de 7 por ciento en el año pasado (alrededor de 39 mil millones adicionales), no obstante que como parte de la citada legislación se creó el “sistema de alertas de las obligaciones financieras de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos”, con el fin de que la Secretaría de Hacienda dé seguimiento y evalúe qué tanto, por qué y para qué los estados y ayuntamientos solicitan nueva deuda. Ello –oficialmente– no sólo para controlar el nivel de débito, sino para medir la capacidad de pago de dichas entidades. Pues bien, la Secretaría de Hacienda cumplió con la obligación legal e hizo pública su primera evaluación para el caso de los estados (el reporte sobre los municipios se divulgará hasta octubre próximo), pero lo sorprendente del informe es que a pesar de lo voluminoso de la deuda acumulada, tal dependencia sólo encendió los focos rojos en tres entidades y por causas distintas. Coahuila se lleva la palma (más de 37 mil millones de pesos en deuda pública), porque el sistema de alertas de Hacienda ubica al estado de los Moreira en el rango de “endeudamiento elevado”, pues su débito registrado, al 31 de diciembre de 2016, se encontraba por arriba de 200 por ciento con respecto a sus ingresos de libre disposición (los locales más las participaciones federales). El segundo caso es Oaxaca (con una deuda cercana a 15 mil millones de pesos, heredados por Alejandro Murat Hinojosa), pero en su caso Hacienda sólo enciende los focos rojos en el caso de “las obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales”. Tal indicador se vincula con la capacidad financiera del estado o el ente público de que se trate “para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores a un año” (más de 8 mil 700 millones de pesos a liquidar en menos de 12 meses). Y el tercero es Quintana Roo, saqueado por Roberto Borge y amigos que le acom- pañaban (con una deuda de 20 mil millones de pesos, equivalente a 170 por ciento de sus ingresos de libre disposición), para el que Hacienda enciende los focos rojos, pero sólo en el caso de servicio de la deuda como proporción de tales ingresos. En la clasificación de la Secretaría de Hacienda sólo Coahuila registra “un nivel de endeudamiento elevado”. Diez estados (Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas) presentan un nivel de “endeudamiento en observación”, y los restantes registran una escala de “endeudamiento sostenible”. Algo raro el estilo hacendario de “alertas”, porque, además de Coahuila, siete entidades rebasan por mucho su capacidad de pago con respecto a lo que tal dependencia denominado “ingreso de libre disposición”. Está el caso de Chihuahua –saqueada por César Duarte–, con un débito que resulta 180.2 por ciento superior a tales ingresos; Quintana Roo –saqueado por Roberto Borge–, 170.5 por ciento; Veracruz – saqueado por el otro Duarte, Javidú–, 125.7; Sonora –saqueado por Guillermo Padrés–, 121.3; Nuevo León –saqueado por Rodrigo Medina–, 117.3; Michoacán –saqueado por PRD/PRI–, 111 por ciento, y Zacatecas –saqueado por Miguel Alonso, quien como premio recibió la dirección de Fonatur–, 102 por ciento. La deuda pública de Chihuahua ronda los 50 mil millones de pesos; la de Quintana Roo 20 mil millones; Veracruz, más de 45 mil millones; Sonora, casi 24 mil millones; Nuevo León, cerca de 45 mil millones; Michoacán, más de 21 mil millones, y Zacatecas, por arriba de 8 mil millones. En conjunto, alrededor de 213 mil millones, o si se prefiere más de una