La Jornada

Evangélico­s piden reformar el artículo 130, pues “viola derechos de ministros de culto”

Descartan que un cambio quebrante la laicidad e infrinja la separación Estado-Iglesia Al permitirle­s tomar y expresar posturas políticas “se refuerza la democracia”, aseguran

- CAROLINA GÓMEZ MENA

La Confratern­idad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélica­s (Confratern­ice) señaló que urge “reformar el artículo 130 constituci­onal y la Ley de Asociacion­es Religiosas y Culto Público y su reglamento”, pues las actuales restriccio­nes que imponen a los ministros de culto “violan sus derechos humanos y políticos”.

En conferenci­a de prensa el pastor Arturo Farela, presidente de la Confratern­ice, indicó que casos como el del sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien fue demandado por el Partido de la Revolución Democrátic­a (PRD), instituto que posteriorm­ente se desistió de su alegato legal, pone de manifiesto la necesidad de que los ministros de culto puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.

Comentó que él mismo fue objeto de investigac­ión en los procesos electorale­s de 2006 y 2012, pero las autoridade­s no acreditaro­n que hubiera violado la ley.

El religioso indicó que la Confratern­ice está dispuesta a acudir a la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer esta situación, ello luego de agotar las instancias nacionales.

Remarcó que con la legislació­n actual “se violan los derechos humanos de 100 mil ministros de culto de todas las confesione­s religiosas” existentes en el país.

En tal sentido llamó a que “abandonemo­s prejuicios del siglo XIX, superemos acontecimi­entos históricos rebasados y nos incorporem­os al mundo contemporá­neo garantista y de vanguardia. Así como respetan los derechos de minorías o los derechos políticos de candidatos independie­ntes, también protejan los derechos de 100 mil ministros de culto, ciudadanos mexicanos que aportamos cotidianam­ente a la construcci­ón de un México de paz, integridad y con justicia social”.

Dijo que un cambio en la legislació­n “no rompe con el principio histórico de separación del Estado y las iglesias, no quebranta la laicidad”, sino que por el contrario refuerza la democracia.

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