La Jornada

LAS REBANADAS DEL PASTEL

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cón Ezeta (“porque no atendió la alerta de los habitantes de la zona sobre los problemas que presentaba el pavimento”), quien rápidament­e se convirtió en el chivo expiatorio. Por cierto, Gerardo Ruiz Esparza asegura que no renunciará, porque le toca decidir al inquilino de Los Pinos, es decir, al personaje que hasta ahora no ha dicho ni pío sobre el asunto del Paso Exprés. Hasta ahora el gobierno federal sólo ha propuesto un peritaje al Paso Exprés y especialme­nte en la zona del socavón, que realizaría el Colegio de Ingenieros, con el fin de determinar las causas del hundimient­o y fincar responsabi­lidades legales, “si las hubiera”. Sin embargo, nada ha dicho de la urgencia de realizar una auditoría financiera que explique por qué el presupuest­o original (mil 40 millones de pesos, con el que las dos constructo­ras privadas ganaron la licitación respectiva) para la construcci­ón del citado libramient­o en los hechos se multiplicó por dos (al final se pagaron poco más de 2 mil 200 millones), amén de que la entrega oficial de la obra se realizó un año después de lo legalmente acordado. Esperemos que al gobierno peñanietis­ta no se le ocurra la brillante idea de encargar la “resolución del caso” a la Procuradur­ía General de la República o al mil usos, el siempre complacien­te Virgilio Andrade, porque las mentadas se escucharán hasta la Patagonia. Aquí podría intervenir el Colegio de Contadores Públicos o la Auditoría Superior de la Federación, organismo que ha denunciado las tropelías del sistema, pero que en el gobierno, e incluso en la Cámara de Diputados, nadie toma en serio. Resulta inverosími­l que la Secretaría de Dice el inquilino de Los Pinos que en materia de seguridad “queda camino por andar y estamos aún a distancia en las metas propuestas” en este renglón. Pues sí, una distancia de aquí al fin del mundo. En este sentido, cómo olvidar el “compromiso” del Pacto por México: “recuperar la paz y la libertad disminuyen­do la violencia, en específico se focalizará­n los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsione­s”.

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