Denuncian violento desalojo de la planta de Pepsico en Buenos Aires
El ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) atribuyó su condena de casi 10 años de cárcel a una “cacería” judicial que está “destruyendo la democracia” y proclamó este jueves su intención de presentarse a las elecciones de 2018.
“Me van a tener que soportar mucho tiempo”, afirmó en la sede del Partido de los Trabajadores (PT), al que pidió ser su candidato para la próxima contienda presidencial.
“Si alguien quiere sacarme con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego”, aseguró el carismático líder, un día después de que Sergio Moro, el juez de primera instancia encargado de la operación anticorrupción Lavado rápido, hiciera pública su sentencia de nueve años y medio de cárcel e inhabilitara a Lula por 19 años para asumir cargos públicos.
La acusación afirma que Lula es propietario de un apartamento en el balneario de Guarujá ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.
En una rueda de prensa, el ex presidente negó las acusaciones y se consideró víctima de una “cacería” judicial, comentó que ya esperaba la sentencia desde hace tiempo debido a que el juez es “parcial”, y reafirmó que no tirará la toalla.
“A partir de ahora, voy a reivindicar del PT el derecho de postularme a la candidatura de 2018”, declaró ante simpatizantes que corearon “¡Brasil, urgente, Lula presidente!”
El ex mandatario, favorito en todas las encuestas actuales, acusó al juez Moro, a los fiscales de “Era un verdadero ejército avanzando y golpeando”, fue la descripción de Camilo Mones, uno de los delegados de los 600 trabajadores despedidos de la empresa trasnacional Pepsico, sobre la brutal represión a manos de policías de la provincia de Buenos Aires y de la Gendarmería. Con golpes, balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos los uniformados desalojaron de la planta a los trabajadores, con un saldo de decenas de heridos y unos 10 detenidos.
La represión contra las manifestaciones sociales y la militarización alrededor de las fábricas que están despidiendo trabajadores masivamente, amparados por los ministerios de Seguridad, Trabajo y el gobierno de la dere- la operación Lavado rápido y a los grandes medios de comunicación de repetir constantemente las mismas “mentiras” para manipular a la opinión pública.
Según el ex presidente su condena responde a una estrate- chista alianza Cambiemos, se intensifica cada día en todo el país.
Las autoridades culparon del desalojo a los trabajadores que acampaban afuera y dentro de la planta de Pepsico para cuidar que no se desmantelara. Entre los testigos del violento hecho figuran diputados, abogados y periodistas. Estos últimos tienen prohibido trabajar cuando las fuerzas de seguridad reprimen, “lo que viola la libertad de prensa”, como advirtieron reporteros y camarógrafos golpeados por la policía.
Los despedidos pedían dialo- gia para destruir al PT, que en 2016 cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora y ahijada política, la ex presidenta Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas y fue gar, tanto con el Ministerio del Trabajo, como con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La respuesta fue el envío de un verdadero ejército. “Parece que se quieren llevar un muerto antes de octubre”(fecha de las elecciones legislativas) sostuvo Mones.
“La responsabilidad política es de Vidal y Macri”, agregó y añadió que esto “parecía una guerra” en diálogo con radio 10. “No hubo un muerto de casualidad nos tiraban gases y balas de goma a nosotros que estábamos en el techo”, dijo otro delegado y remplazada en la presidencia por el conservador, Michel Temer.
Vestido con su habitual camisa roja del PT, Lula volvió a demostrar que mantiene la energía e ironía de siempre.
Hablando de sí mismo en ter- añadió: “Esto nunca lo vi, ahora lo viví y en democracia”.
La empresa les ofreció una indemnización, pero ya en los años 90 los trabajadores entendieron que el dinero se evapora y más aún en momentos de una crisis verdaderamente grave que oculta el gobierno en que se calcula que siete fábricas grandes y pequeñas cierran por día en el país.
La Confederación General del Trabajo anunció que llevará un documento al gobierno para denunciar el hecho de que haya cuatro sindicatos intervenidos ilegalmente. cera persona, el ex dirigente sindical que enfrentó a la dictadura militar (1964-85) y colocó a Brasil en el mapa al lograr sacar a 30 millones de la pobreza, declaró:
“Lula, con 71 años, cerca de cumplir 72, está decidido a pelear de la misma forma que cuando tenía 30.”
El ex presidente, que enfrenta otras cuatro causas penales, puede apelar de la sentencia en libertad y sólo vería impedida su candidatura si fuera condenado en segunda instancia.
Por otra parte, una comisión de la Cámara baja rechazó el jueves que el Supremo Tribunal Federal juzgue al presidente brasileño Michel Temer, acusado de actos de corrupción, aunque el informe debe ser votado aún en el pleno de la Cámara de Diputados.
En la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía, la posición favorable al gobierno obtuvo 40 votos contra 25 que querían encaminar a la corte la denuncia formulada por el fiscal general.
El voto no es vinculante, por lo que el pleno de la Cámara debe tomar la decisión. Según la ley brasileña, dos tercios de los 513 miembros de la Cámara baja deben aprobar la acusación contra Temer para que pase al Supremo.