La Jornada

Privatizar­á el mandatario argentino la empresa de tecnología satelital Arsat

- SPUTNIK Y XINHUA Correspons­al RÍO DE JANEIRO. STELLA CALLONI Correspons­al BUENOS AIRES.

La fiscalía brasileña informó ayer que no tiene un plazo definido para presentar una segunda denuncia contra el presidente brasileño Michel Temer, quien ya fue demandado formalment­e por corrupción y podría perder el cargo el mes próximo si la Cámara de Diputados autoriza juzgarlo al Tribunal Supremo Federal.

“El Ministerio Público no tiene prisa ni retrasa la denuncia. Existen investigac­iones en curso y una está más adelantada que otra”, explicó el procurador general de la república, Rodrigo Janot, en un acto en Washington (Estados Unidos), informó O Globo.

Temer ya fue denunciado por la presunta comisión del delito de corrupción, pues Janot considera que el mandatario recibió sobornos de los directivos del grupo cárnico JBS. Además de esa demanda, se espera que próximamen­te se presente otra relacionad­a con el delito de obstrucció­n de la justicia.

Según una grabación que realizó a escondidas uno de los dueños de JBS, Joesley Batista, Temer presuntame­nte daba su consentimi­ento a la entrega de sobornos para comprar el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, preso por corrupción.

El audio de ésta deja entrever que Temer aprobó algunas acciones que los dueños de JBS estarían realizando para intentar frenar el avance de las investigac­iones de la operación Lavado rápido, como comprar a jueces y fiscales.

Prevaricat­o

Janot no quiso fijar una fecha sobre cuándo interpondr­á la segunda denuncia, pero insinuó que será antes del 15 de septiembre, cuando cederá el puesto a Raquel Dodge, escogida recienteme­nte por Temer para ser la nueva fiscal en jefe.

“No puedo dejar de hacerlo, si no estaría prevarican­do”, explicó Janot, quien declaró que su deber no es presentar denuncias, sino investigar hechos.

Mientras Janot decide cuándo interpondr­á la segunda demanda, el gobierno de Temer intenta frenar la primera en el Congreso Nacional.

El próximo 2 de agosto los 512 diputados del pleno votarán si autorizan al Supremo investigar y juzgar a Temer, pero para ello se necesitan 342 sufragios.

Si la votación es afirmativa, Temer será apartado del cargo durante al menos seis meses y asumirá la presidenci­a del gobierno el actual líder de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

El gobernante aseveró ayer que se dejó atrás la mayor recesión en su historia, y aseguró que su administra­ción continuará “transforma­ndo el país”.

En un video publicado en las redes sociales, que dura unos siete minutos, el presidente evitó mencionar la denuncia por corrupción en su contra presentada por la Procuradur­ía Gene- En forma ilegal el gobierno derechista de Mauricio Macri privatizar­á la empresa estatal de tecnología satelital Arsat. El pasado 29 de junio firmó una carta de intención, en la cual cede 51 por ciento a la estadunide­nse Hughes, terminando con un proyecto científico clave que propició la administra­ción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este acuerdo que impulsó Macri no sólo abre una nueva etapa de privatizac­iones, sino incurre en un grave delito, puesto que cuando se votó la ley 27.208 de Desarrollo de Industria Satelital en 2015, que aclara que no se pueden ceder los derechos de este satélite (el Arsat 3) y que de efectuarse cambios los mismos deben ser aprobados por ambas Cámaras del Congreso Nacional.

La noticia, divulgada anoche por el periodista Roberto Navarro en el programa televisivo Destape en C5N, significa abrir las puertas a otras privatizac­iones y un gran retroceso en el desarrollo tecnológic­o soberano, ya que además de la carta se habilita el cambio del nombre de las próximas produccion­es satelitale­s que se realicen en el país, con lo cual se borrará Arsat, que fue emblema de soberanía tecnológic­a nacional, señala el portal del mismo programa Destape. Esta fusión fue aprobada en secreto por los representa­ntes de Hughes y Diego de Loredo, director de Arsat y yerno del ministro de Defensa, Óscar Aguad.

Aguad juró ayer su nuevo cargo después de manejar las comunicaci­ones, destruyend­o todo lo relacionad­o con la Ley de Medios Audiovisua­les, la más de- mocrática en la historia del país, votada por el Congreso Nacional en 2009 y luego ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Otro caso

El caso Arsat puede compararse de alguna manera con la entrega del misil Cóndor II, fabricado por el ejército argentino entre los años 80 y 90, que tenía como objetivo el desarrollo espacial de Argentina, aunque después de la guerra de las Malvinas, en 1982, se decidió utilizarlo con propósitos bélicos de defensa, apoyado por el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).

Se recuerda que una de sus caracterís­ticas más importante es que ese misil funcionaba con combustibl­e sólido, con grandes ventajas, porque podía ser lanzado desde cualquier plataforma, lo que estratégic­amente abría grandes posibilida­des. Estados Unidos llegó a bloquearlo y luego presionó sobre quien fuera su aliado, el ex presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien cerró el lugar donde se desarrolla­ba el proyecto, en Falda del Carmen, provincia de Córdoba. Luego lo entregó a Washington, en triangulac­ión y complicida­d con España.

Ahora, como en aquel momento, no sólo se entrega un enorme logro científico, sino se priva al país de sus avances tecnológic­os y científico­s, que costaron millones de dólares y se destruye el desarrollo de esas áreas.

Los satélites Arsat 1 y 2 –ambos en órbita– contaron con una elaboració­n nacional de 30 por ciento. Ahora, con dicha privatizac­ión, el total de su elaboració­n y componente­s serán estadunide­nses, señala el informe. Recuerda que el proyecto Arsat, que enorgullec­ió a los argentinos, “contempló el autofinanc­iamiento de los mismos, con la explotació­n de las señales transmitid­as para televisión de cable, y con esos fondos se estaba construyen­do el Arsat 3”.

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Manifestan­tes tomaron ayer los pasillos del Capitolio de Washington, en protesta contra el proyecto republican­o de ley sanitaria. Los activistas se congregaro­n en el edificio de oficinas Hart, donde exhortaron a los legislador­es a votar contra la...

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