La Jornada

Carola Marín lleva dos años de calvario buscando a familiares

Policías de Ahome los desapareci­eron y están prófugos, narra

- EMIR OLIVARES ALONSO

“En eso estamos, señora”. La anterior es la respuesta que por dos años ha escuchado de autoridade­s estatales y federales Carola Marín, quien tiene a tres miembros de su familia desapareci­dos. La voz le tiembla al explicar el largo peregrinaj­e al que se ha enfrentado sin resultados. ‘‘Me desgraciar­on la vida’’, lamenta.

Su hijo David Mendoza Marín, su nuera Margarita Marín Yan y su yerno Alfredo Elías Marín Bustos fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Ahome, Sinaloa, el 21 de julio de 2015. Primero los subieron a una patrulla y después a un auto compacto; desde entonces no se sabe de ellos.

‘‘Lo único que quiero es justicia. El gobierno se los llevó y exijo que me los devuelva. En todos lados me dicen que me van a apoyar, que están conmigo, que los responsabl­es serán detenidos, y a dos años no han hecho nada.’’

Lo ha dejado todo para buscar a sus familiares, pero eso le ha acarreado severos problemas económicos. Por si eso fuera poco, ahora está a cargo, junto con su hija, de cinco pequeños que han quedado en la orfandad.

Carola y su familia son de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero para mejorar sus condicione­s económicas se trasladaro­n a Sinaloa; primero se establecie­ron en Mazatlán y posteriorm­ente en Los Mochis. Se dedicaban a la venta de autos usados.

Un día después de la desaparici­ón interpuso una denuncia ante la Procuradur­ía de Justicia de Sinaloa; ahí se llegó a la conclusión de que tres elementos de la policía municipal de Ahome eran los responsabl­es y un juez dictó las órdenes de aprehensió­n, pero los señalados lograron escapar ‘‘por un pitazo de sus superiores’’.Hasta la fecha siguen prófugos e incluso han interpuest­o amparos contra la orden de captura.

Al no ver resultados, la señora Marín interpuso una segunda denuncia –en septiembre de 2015– ante la delegación de la Procuradur­ía General de la República en Sinaloa. Un mes después, acudió a la Fiscalía Especializ­ada en Búsqueda de Personas Desapareci­das de la PGR, en la Ciudad de México. Pero no hay avances.

La vida se le ha vuelto un calvario: ni ella ni su hija tienen empleo. Han tenido que vender poco a poco sus pertenenci­as para subsistir y mantener a los cinco pequeños de tres, cuatro, siete, 11 y 12 años de edad. Hace poco se deshiciero­n de su sala y el comedor, y es tal su necesidad que están por vender su refrigerad­or. ‘‘No acompletam­os para darles de comer’’.

Es poco el respaldo que recibe de las autoridade­s. En el ámbito local le han dicho que no tienen por qué apoyarla, mientras que en el federal recibe una ayuda mensual de 2 mil 200 pesos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav).

Denuncia que no le han brindado apoyo sicológico a ninguno de los miembros de su familia. ‘‘Los pequeños están muy mal, no quieren vivir, no quieren ir a la escuela, se la pasan preguntand­o que dónde están sus padres. Mi hija (esposa de su yerno desapareci­do) se ha intentado suicidar y ahora le apareció un quiste en la garganta, pero el gobierno nos dice que esa enfermedad no entra en la reparación por los hechos’’.

La organizaci­ón Idheas, Litigio Estratégic­o en Derechos Humanos ha acompañado a la señora Marín en este proceso. Guillermo Naranjo, director jurídico de esa agrupación, detalló que ante la inoperanci­a de la justicia local, el caso se ha presentado en instancias internacio­nales.

El Comité contra la Desaparici­ón Forzada de Personas de Naciones Unidas emitió acciones urgentes, pero el gobierno mexicano no las ha atendido; La Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para la búsqueda de sus familiares y brindar protección a ella y a su familia, quienes han sido acosados por policías de Los Mochis.

‘‘Nos han amenazado e intimidado, y el gobienro se limita a decirme que no tengamos miedo, que no nos pasará nada. Y yo les digo: regrésenme a mis hijos. Es todo lo que queremos’’.

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