Ayuda a víctimas también podrá ser entregada en fines de semana
CEAV modificó reglas en favor de operación más efectiva
l condenable asesinato de la luchadora social lenca Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016 en su natal Honduras, intensificó la lucha contra el complejo hidroeléctrico Agua Zarca, un megaproyecto de muerte con el que se pretende despojar del agua a la población originaria, devastar el medio ambiente y profanar un río sagrado. Gracias al incansable trabajo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que coordinó Berta y que ahora encabeza su hija Bertha Zúñiga, dos bancos involucrados en el financiamiento de la obra han declinado su participación. Se trata del Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y del Finnfund, aunque el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) –corporación con mayor inversión en la obra que ha costado la vida a decenas de defensores del territorio– mantiene temporalmente suspendida su participación para dar tiempo a que la empresa Desa intente nuevos artilugios dirigidos a que las comunidades lo acepten y así puedan reiniciar los trabajos. No fue fácil lograr que el FMO y el Finnfud se retiraran irrevocablemente de la obra por la que Berta Cáceres fue asesinada. Desde 2013 los defensores del territorio exigieron su salida por su vinculación con el despojo y muerte en la comunidad de Río Blanco. No se fueron en un acto de buena voluntad, sino gracias a la lucha del pueblo lenca que ha defendido con la vida el sagrado río Gualcarque. Ahora, advierte el Copinh, se trata de forzarlos a una salida responsable, pues han seguido promoviendo en las comunidades un “proceso de toma de decisión” sobre la hidroeléctrica que puede generar más violencia y represión. El Copinh insiste en que los bancos, aunque se vayan, deben reconocer sus responsabilidades en las muertes y demás violaciones a los derechos humanos que el proyecto trajo a la región. Y mientras el BCIE, único financiador que no ha declinado de manera definitiva, mantenga el contrato con Desa, el peligro de la reanudación será latente, pues la empresa posee la concesión por 50 años y, lejos de rendirse, continúa haciendo un tramposo trabajo comunitario para legitimar un proyecto que desalojará y desplazará a las poblaciones originarias, además de la devastación y contaminación del territorio y la escasez y pérdida completa del agua. Cancelar definitivamente el proyecto Agua Zarca y frenar el hostigamiento, persecución y criminalización de los miembros del Copinh es una urgencia. Pero por lo pronto hoy, 22 de julio, celebran en Río Blanco, Honduras, la victoria de haber logrado la salida de dos grandes corporaciones. No más muertes, sí más Bertas. La junta de gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) realizó ayer su primera sesión ordinaria y modificó las reglas de operación de su Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, lo cual le permitirá reducir los plazos para entrega de recursos, incluso para otorgarlos en casos urgentes durante fines de semana o días festivos.
En un comunicado, el organismo destacó que los cambios realizados ayer buscan “incorporar los criterios favorables” que contiene la reforma a la Ley General de Víctimas –publicada el 3 de enero de este año–, lo que permitirá que dicho fondo opere de manera más efectiva y oportuna.
Durante la sesión de la junta de gobierno (organismo inte- grado por representantes de la propia CEAV y de las secretarías de Gobernación, Hacienda, Educación Pública y Salud) se acordó también ampliar el concepto de ayuda, para incluir gastos de auxilio inmediato, asistencia, atención y rehabilitación.
Asimismo, se previeron diversos escenarios para la entrega de recursos a las víctimas, que “flexibilizan su acceso al fondo”, ya que ahora se podrán entregar a quien los necesite de manera anticipada, vía rembolso o mediante prestadores de bienes y servicios, o a personas físicas y morales, en su nombre y representación.
Otro punto avalado en la reunión de ayer es que las medidas de ayuda se otorgarán “hasta que la víctima supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante, suprimiendo los actuales lineamientos cualquier candado de temporalidad”.
También se incluyeron disposiciones que flexibilizan la comprobación de los recursos de ayuda, mediante los documentos idóneos a consideración de la CEAV y la previsión de que 25 por ciento total de los gastos no estarán sujetos a comprobación.
En ese contexto, la CEAV anunció que se incrementarán los montos para las medidas de alojamiento, alimentación y gastos funerarios, así como para transportación, hospedaje y alimentación. Por otro lado, se eliminará la obligación de las víctimas de realizar ciertos trámites, como los relacionados con las becas ante la Secretaría de Educación Pública y el alojamiento y alimentación ante el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia.