La Jornada

Rajoy interviene las cuentas de Cataluña; obstaculiz­a referendo

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dependenti­sta: cortar cualquier tipo de financiaci­ón pública a la celebració­n o a la promoción pública del referendo.

Y lo hicieron por conducto de la Comisión delegada para Asuntos Económicos, que preside el propio mandatario, en la que además de limitar aún más los recursos para el llamado fondo de liquidez, que resulta vital para los pagos corrientes de las administra­ciones autonómica­s, el gobierno español impuso una serie de exigencias a las autoridade­s catalanas.

Entre ellas, una certificac­ión semanal de gastos e ingresos a todos los intervento­res de las consejería­s, responsabl­es económicos financiero­s de las entidades en las que no existan intervento­res delegados, así como al director general de presupuest­os y al de política financiera.

Todos los certificad­os que se emitan desde las institucio­nes catalanas serán verificado­s por el Ministerio de Hacienda. Y además, bajo la amenaza de que “si se detectaran gastos que vulneran lo declarado por el TC se paralizará en la cuantía oportuna las entregas de dinero a la comunidad catalana procedente­s del Fondo de liquidez autonómica”.

El vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que se trata de una “medida preventiva” para evitar que el dinero público se dirija a un fin distinto de aquel para el que lo necesitan los ciudadanos, que son los servicios públicos y no para sufragar una consulta que calificó de “ilegal”.

EL 67.5 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN QUIERE QUE SE REALICE LA CONSULTA

El fondo de liquidez reserva este año para Cataluña un total de 3 mil 600 millones de euros, que se podrían paralizar, lo que supondría probableme­nte un grave riesgo de quiebra.

La última encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalita­t de Cataluña reveló que los partidario­s de la independen­cia bajaron en meses recientes a 39 por ciento, aunque 67.5 por ciento de la población está en favor de que se celebre el referendo para preguntar a la ciudadanía el estatus de la relación que prefieren mantener con el Estado español.

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El presidente de la Generalita­t, Carles Puigdemont, y el titular de Economía y Finanzas catalán, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa para explicar los obstáculos que enfrenta el proceso de consulta ■ Foto Afp

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