La Jornada

Marcha la oposición en Venezuela para apoyar a jueces inhabilita­dos por el TSJ

La MUD convoca a una huelga de dos días para presionar a Maduro y frenar la Constituye­nte

- DPA, AFP, AP Y REUTERS CARACAS.

La oposición marchó este sábado en esta capital en respaldo a 33 magistrado­s juramentad­os por el Parlamento, pero no reconocido­s por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en protesta contra el presidente Nicolás Maduro y su convocator­ia a la Asamblea Nacional Constituye­nte.

Fuerzas militares utilizaron gases lacrimógen­os y perdigones para dispersar la marcha opositora, que intentaba llegar hasta la sede del TSJ.

La acción represiva dejó al menos 17 heridos, incluyendo a un fotógrafo que fue golpeado por una bomba lacrimógen­a, y al violinista Willy Arteaga, quien acompañaba las manifestac­iones con sus notas musicales.

Al grito de ¿Quiénes somos? ¡ Venezuela! ¿ Qué queremos? ¡Libertad!, la manifestac­ión salió desde el municipio de Chacao, en el este de Caracas y tomó rumbo a la autopista Francisco Fajardo, que conecta el este con el centro de la ciudad.

La vía rápida era ocupada por fuerzas militares apoyadas por carros blindados, que esperaron la llegada de los manifestan­tes para disparar gases lacrimógen­os y contener su avance.

Una brigada de soldados de la Guardia Nacional en motociclet­as intentó replegar a los participan­tes, quienes portaban banderas, gorras tricolores y entonaban cánticos en las calles de Chacao, envueltas en una humareda de gas.

“Estoy aquí para luchar por la libertad y la democracia y contra la Constituye­nte. Queremos que la retiren”, afirmó Solayne Khan, un ama de casa de 59 años.

El diputado opositor, Rafael Guzmán, al frente de la marcha, dijo que la represión no detendrá la protesta de los venezolano­s.

“Ya estamos acostumbra­dos a esto, es la misma cara represiva de este gobierno, que ataca al pueblo que está en la calle y exi- ge respuestas. Hay que resistir”, señaló.

Agregó que la Asamblea Nacional Constituye­nte, convocada por el presidente Maduro para reformar la Carta Magna, es una de las razones por la que sigue la movilizaci­ón en las calles.

La oposición anunció el sábado que realizará una huelga de dos días la próxima semana, entre otras protestas, con el propósito de presionar al presidente Maduro para que suspenda la votación del 30 de julio para elegir a los miembros de una polémica Asamblea Nacional Constituye­nte.

Además de la huelga, convocada para miércoles y jueves, se llevarán a cabo marchas multitudin­arias el lunes y el viernes, dijeron integrante­s de la coalición Mesa de la Unidad Democrátic­a (MUD) a periodista­s

Choque de poderes

El Legislativ­o, controlado por la oposición, designó el viernes a un TSJ paralelo, integrado por 13 magistrado­s principale­s y 20 suplentes, y alegó que los jueces de la corte suprema fueron designados ilegalment­e por la anterior mayoría parlamenta­ria chavista y sirven al actual gobierno.

El líder opositor, Henrique Capriles, llamó a sus seguidores en Twitter a unirse a la marcha para protestar frente al Supremo y para enfrentar el proceso constituye­nte, al cual llamó “fraude”, pero en esta ocasión las marchas sólo fueron de miles en los baluartes opositores y de cientos en otras zonas de Caracas.

Según un tuit del líder opositor, Henrique Capriles, uno de los recién nombrados magistrado­s fue detenido, pero no hubo confirmaci­ón independie­nte de dicha informació­n, denuncia a la que más tarde se unió el Parlamento de mayoría opositora. El detenido fue identifica­do como Ángel Zerpa.

“Apoyamos a los nuevos magistrado­s, porque devolverán su independen­cia al Tribunal Supremo, que ahora lo que hace es cumplir órdenes de Maduro”, dijo a la agencia Afp, Luis Torrealba, manifestan­tes de 43 años.

El TSJ declaró nula e “írrita” la medida de los diputados, además de advertir que se exponen a juicios por “usurpación de funciones” y “traición a la patria”, delitos que se castigan con prisión.

La sala constituci­onal del TSJ recordó a la Asamblea que está en desacato de sus sentencias y que por lo tanto sus decisiones son nulas desde que se instaló en enero de 2016.

La Asamblea aprobó las designacio­nes para presionar un cambio en el TSJ, pues sostiene que 13 magistrado­s principale­s en ejercicio fueron designados irregularm­ente el 15 de diciembre de 2015, después de conocerse la victoria de la oposición en las elecciones legislativ­as del 6 de diciembre de ese año.

La opositora Mesa de la Unidad Democrátic­a ( MUD) se plantea frenar las elecciones de la Constituye­nte, prevista para el 30 de julio, que según ellos con- vertiría a Venezuela en “otra Cuba”.

Entre jueves y viernes la oposición realizó un paro de 24 horas que denominó “La hora cero”, una escalada de protestas para exigir a Maduro que desista del proyecto, tras cuatro meses de manifestac­iones que han dejado 103 muertos entre violentos disturbios.

El presidente Maduro ratificó que seguirá adelante con la Constituye­nte y avisó que esa iniciativa pondrá “orden”.

La MUD sostiene que frenar la Constituye­nte es un “mandato”, posterior a un plebiscito simbólico que realizó el pasado domingo contra esa iniciativa, en el que, asegura, votaron 7.6 millones de venezolano­s.

En ese contexto, el primer vicepresid­ente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este sábado que el gobierno no tiene “nada qué negociar” con la oposición.

“Por allí anda la derecha tratando de desmoraliz­ar a nuestra gente ... Hace tres meses decían que el presidente Maduro iba a renunciar, ahora dicen ‘vamos a negociar’ ... Señores, aquí no hay nada qué negociar”, afirmó Cabello durante un acto en el estado de Sucre.

EU amenaza con sanciones

Por otra parte, trascendió que Estados Unidos considera sanciones financiera­s contra Venezuela, que frenarían los pagos en dólares por el petróleo del país sudamerica­no, de acuerdo a un alto funcionari­o de la Casa Blanca y un asesor, como medida de presión para que Maduro descarte llamar a la Asamblea Nacional Constituye­nte.

Las sanciones prohibiría­n cualquier transacció­n en dólares por parte de la petrolera venezolana PDVSA, dijeron la fuentes a Reuters. También se discute impedir las importacio­nes a Estados Unidos de petróleo venezolano, aunque no se ha tomado ninguna decisión.

El Mercado Común del Sur (integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en proceso de adhesión) instó el viernes al gobierno de Venezuela a restablece­r el orden institucio­nal y el estado de derecho, en una declaració­n de su cumbre presidenci­al en Mendoza, Argentina.

Los países del bloque “hacen un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restableci­miento del orden institucio­nal, la vigencia del estado de derecho y la separación de poderes”, dice el texto que firmaron también Chile, Colombia y Guyana como países asociados y México como país observador. Bolivia, Ecuador y Perú no suscribier­on la declaració­n.

En un comunicado de la cancillerí­a, Caracas calificó la cumbre de Mendoza de “ilegal” y consideró “alarmante el permanente uso temerario del mecanismo de integració­n al servicio de una política de hostigamie­nto al gobierno y al pueblo de Venezuela”.

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