Falsas, 89 por ciento de las llamadas de emergencia al número 911, revela SG
En el primer semestre de 2017 el sistema recibió 61 millones 639 mil 418 telefonemas Ante esta alta cifra, el gobierno federal convocó a la población a usarlo de manera adecuada
La Secretaría de Gobernación (SG) informó ayer que por primera vez en la historia el país cuenta con datos estadísticos a escala nacional de las llamadas de emergencia, y como resultado de ello se descubrió que de enero a junio de este año se recibieron 61 millones 639 mil 418 marcaciones al número 911, de las cuales 89 por ciento resultaron falsas y sólo 11 por ciento fueron reales.
En el primer semestre de 2017 los telefonemas relacionados con seguridad fueron 4 millones 801 mil 732, los reportes de urgencias médicas sumaron 963 mil 262 y las llamadas por emergencias de protección civil fueron 461 mil 332.
El número de llamadas verdaderas se incrementó 10.4 por ciento en el primer semestre de este año, al pasar de 6.1 millones en el mismo periodo de 2016 a 6.8 millones en 2017.
Ante el exorbitante número de demandas falsas de auxilio, el gobierno federal hizo un llamado a la población para hacer uso adecuado de ese número telefónico.
En términos absolutos, refirió la SG en un comunicado de prensa, el número total de llamadas al 911 se incrementó 2.8 por ciento respecto del mismo periodo de 2016, lo cual representa un millón 667 mil 372 llamadas adicionales, lo que “consolida a este número como la vía institucional para atender las emergencias”.
El reporte destaca que las llamadas de emergencia se clasifican en tres rubros: seguridad pública, emergencias médicas y protección civil.
A escala nacional, apunta, las peticiones relacionadas con seguridad pública representaron 70.2 por ciento. Sin embargo, Guanajuato, Sonora y Baja California tienen una proporción mayor, con 77.9, 77.1 y 76.8 por ciento, respectivamente.
Asimismo, se detalla que en el tema de seguridad se tomó registro de 4 millones 801 mil 732 llamadas, de las cuales 453 mil fueron para reportar a una persona agresiva, 410 mil 765 informaron la presencia de sujetos sospechosos, 352 mil 776 para avisar de accidentes de tránsito sin heridos, 345 mil 714 sobre violencia doméstica y 317 mil 913 buscaron denunciar ruido excesivo.
En tanto, 14.1 por ciento de las llamadas al 911 fueron para reportar urgencias médicas, 9 por ciento para solicitar otros servicios públicos y 6.7 por ciento para reportar incidentes de protección civil.
Los reportes médicos sumaron 963 mil 262: de ese total, 223 mil 873 fueron para avisar de enfermos, 91 mil 719 pidieron ayuda para un lesionado por caída, 82 mil 986 informaron sobre otras lesiones, 76 mil 815 reportaron una persona inconsciente y 62 mil 590 fueron reportes de accidentes de vehículo con heridos.
Por emergencias de protección civil se recibieron en el primer semestre de este año 461 mil 332 llamadas; de ellas, 494 mil 330 (59.7 por ciento) reportaron incendios, 45 mil 525 fueron peticiones de ayuda por enjambre de abejas, 35 mil 766 para informar de fugas y derrames, 26 mil 262 para denunciar contaminación de suelo, aire o agua y 18 mil 178 para pedir ayuda por animales peligrosos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) publicó ayer un acuerdo que define los lineamientos generales para regular los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de las dependencias y empresas públicas, cuando sus titulares u otros funcionarios de alto nivel terminen su gestión.
El documento, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación, señala que se creará una herramienta tecnológica para automatizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.
El propósito es garantizar que los procesos se realicen de manera transparente, oportuna y homogénea, a fin de contribuir en la continuidad que debe prevalecer en la prestación de servicios públicos. Para ello se designará una comisión interna de transición de entrega y un coordinador institucional responsable, detalla el acuerdo.
Además, al término de cada periodo de gobierno, todas las dependencias, la Procuraduría General de la República y las empresas productivas del Estado tendrán que llevar a cabo la planeación, ejecución y seguimiento de un informe de rendición de cuentas de conclusión de la administración.