San Miguel del Progreso, firme en rechazo a minas
■ ‘‘Solamente muertos nos van a sacar’’, advierten funcionarios de la comunidad indígena ■ Señalan nulo apoyo oficial para obras y servicios
‘‘Si el gobierno pretende imponer la explotación de una mina en nuestros territorios sagrados, solamente muertos nos van a sacar’’, advierten Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, y Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso (o Júba Wajíin, cerro del muerto, en me’phaa), municipio de Malinaltepec.
En la improvisada comisaría de madera, Amado Solano sostiene: ‘‘No estamos jugando, estamos defendiendo muchas cosas. Primero, pensamos en nuestros hijos y en su bienestar. Esperamos que nadie nos pueda defraudar o destruir en el lugar en que hemos nacido. Además, no molestamos al gobierno federal ni al estatal.
‘‘Llevamos años sin obras del gobierno. En otras comunidades han arreglado las calles, el agua. Aquí, apenas ahora el alcalde está construyendo la comisaría. Nuestras calles están rotas, las que van a Ayutla de los Libres y a Tlapa. La avenida principal la hicimos nosotros, para ello vendimos nuestra madera, porque el gobierno no apoya. Nuestra lucha ha sido de brazo a brazo’’, explica.
El pasado 28 de junio la juez primera de distrito, Estela Plata Salado, emitió una sentencia en favor de la comunidad de San Miguel del Progreso que ordena a la Secretaría de Economía federal dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, que correspondía a las concesiones Reducción Norte Corazón de las Tinieblas, título 232560, y Corazón de Tinieblas, título 237861, las cuales fueron canceladas.
El presidente de los bienes comunales, Amado Solano, refiere que sólo en San Miguel del Progreso y sus seis colonias existen 4 mil 449 hectáreas de zona minera. ‘‘Sabemos quiénes las quieren explotar. Para nosotros el fallo que dio la juez en favor de la comunidad fue de mucha importancia porque con eso no nos puede mover la minera’’.
Además, las minas contaminarían el agua de los cerros y hacia abajo ‘‘todos los pueblos saldrían amolados’’, incluidos los grandes ganaderos de la Costa Chica. ‘‘Lo que defendemos favorece a las comunidades de la Costa Chica y la Montaña alta; no queremos que nadie venga a contaminarnos’’, insiste Solano.
El líder comunero recuerda que para instalar el servicio de energía eléctrica en el poblado dieron a sus vecinos de Paraje Montero ‘‘nuestro gasto (pago) de refrescos y cerveza’’.
En 1985 hicieron la carretera con recursos obtenidos de la venta de madera de pino, porque no hubo apoyo del gobierno. ‘‘La iglesia también la construimos (vendiendo) nuestros recursos naturales.
‘‘Nos hacen falta más obras, pero ya no queremos vender (los recursos). Suspendimos la venta de ocote porque están quedando pobres los cerros y puede haber un deslave que acabe con todo.
‘‘Nuestros padres nos inculcaron que siempre hay que defender el lugar en que nacimos, y que nadie nos puede venir a pisotear. Nunca hubo un programa de gobierno, pero pobremente ellos pudieron defenderse.’’
Recalca: ‘‘No vamos a permitir que el gobierno mande a las mineras. Que no nos diga: ‘sálganse porque el gobierno ya negoció, ya pagamos por ustedes’. Vamos a defender nuestras tierras hasta el último instante de nuestra vida porque es la herencia de nuestros hijos y nietos’’.