La Jornada

Exigen ONG que la PGR atraiga el caso de Ciudad de los Niños

La Procuradur­ía de Justicia de Guanajuato pide ‘‘paciencia’’ para la indagatori­a ■ Ha pasado un año sin que se pueda armar un expediente contra el sacerdote Pedro Gutiérrez ■ En el aire, abusos contra menores de edad

- EMIR OLIVARES ALONSO EMIR OLIVARES ALONSO

Hace más de un año, las autoridade­s de Guanajuato iniciaron las indagatori­as por los casos de presuntos abusos y vejaciones contra menores en el albergue La Ciudad de los Niños, dirigido por el cura Pedro Gutiérrez Farías, y a lo largo de estos meses ‘‘no han podido armar un expediente sólido que permita presentar a este religioso y a sus cómplices ante la justicia’’.

Por ello, organizaci­ones de defensa de los derechos de la infancia demandaron a la Procuradur­ía General de la República (PGR) atraer las indagatori­as a fin de evitar que haya impunidad –como en el caso del albergue de Mamá Rosa– ante las denuncias de violencia física y sicológica, incluidos probables abusos sexuales y trata de personas en la sede de Salamanca de las casas dirigidas por el religioso.

Ayer, en conferenci­a de prensa realizada en la capital del país, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y NIMA Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescent­es en Guanajuato, denunciaro­n que el gobierno estatal ‘‘ha brindado protección’’ al clérigo. Y dieron algunos elementos para argumentar por qué el caso debe ser atendido por las autoridade­s federales.

Hace unas semanas, La Jornada dio a conocer que Gutiérrez Farías, sus colaborado­res y varias monjas practicaro­n diversas vejaciones contra menores, para lo que habrían contado con la protección de autoridade­s de Guanajuato y hasta del propio ex presidente Vicente Fox, quien apenas en noviembre pasado inauguró La Ciudad Juvenil, una nueva casa del clérigo, al que este diario ha dado seguimient­o.

‘‘Desde hace más de un año, en marzo de 2016, la procuradur­ía estatal ha venido investigan­do y pese a ello el sacerdote y su personal siguen sin ser imputados en ningún expediente. La semana pasada, durante una reunión que se efectuó en la Procuradur­ía General de la República, preguntamo­s directamen­te a los representa­ntes del gobierno de Guanajuato y nos dijeron que no podrían aún sustentar (la acusación) porque seguían investigan­do algo que era muy complejo. Un año y no han sido citados a declarar como testigos, indiciados o presuntos responsabl­es’’, subrayó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim. La Procuradur­ía General de Justicia de Guanajuato pidió ‘‘paciencia’’ para ir a fondo en las indagatori­as por las denuncias de presuntos abusos contra menores en el albergue La Ciudad de los Niños, de Salamanca, dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

‘‘Les pediría paciencia para que nos dejen culminar con la investigac­ión y en su momento se darán a conocer los resultados que de ésta se deriven’’, aseveró el subprocura­dor local, Manuel Ángel Hernández.

En entrevista telefónica con este diario, el funcionari­o informó que las indagatori­as se iniciaron entre marzo y abril de 2016, a partir de una denuncia anónima sobre malos tratos en este albergue, caso del que La Jornada ha dado cuenta desde hace varias semanas. Dijo que si bien se han tenido avances, el proceso necesita tiempo dado que ‘‘la investigac­ión no se centra sobre un aspecto particular, sino que van derivando situacione­s varias’’.

Al ser interrogad­o sobre las razones por las que no se ha actuado contra el cura y sus colaborado­res, entre las que hay varias religiosas, el subprocura­dor subrayó: ‘‘La respuesta es muy sencilla y hay dos puntos: primero, cada indagatori­a debe seguir una estrategia y nosotros decidiremo­s el momento en que van a ser llamados, y dos, que es la más lógica, si vamos a interrogar­los bien como testigos o como responsabl­es probables de algún hecho delictuoso, lo primero que necesitamo­s es informació­n, porque si no, ¿qué les preguntamo­s? Eso es algo comprensib­le’’.

Aseveró que por el momento el clérigo Gutiérrez Farías y sus probables cómplices ‘‘están localizabl­es. Que sepamos nadie se ha evadido’’, pero prefirió no revelar el sitio en el que pudieran estar.

El pasado 13 de julio, el DIF estatal intervino el albergue tras una sentencia judicial en la que se advirtió de los abusos contra los menores, entre ellos posibles violacione­s sexuales y trata de personas. En La Ciudad de los Niños hay actualment­e 67 niños, niñas y adolescent­es, de acuerdo con informació­n del gobierno estatal, y a lo largo de las indagatori­as se ha entrevista­do a más de 60; gracias a ello se ha dectectado que al menos siete presentan situacione­s que apuntan a abusos físicos y sicológico­s.

A más de un año, dijo el subprocura­dor, se tienen avances y las indagatori­as han tomado diferentes tópicos: ‘‘De la misma carpeta se han derivado otras investigac­iones. Una referente a las indicacion­es que se generaron por parte del DIF, que nos dio a conocer siete casos en los que posiblemen­te se pueda encontrar algún delito; otra en relación con las actas de Registro Civil respecto de los dobles datos que se hubieran generado con ello (por señalamien­tos de que habría menores registrado­s con los apellidos del sacerdote); tenemos que indagar las lesiones y malos tratos que hubieran sufrido los menores’’.

Por su parte, Alfonso Borja, director del DIF local, dijo que la intervenci­ón de la entidad a su cargo ‘‘fue un acto de autoridad para garantizar protección a los menores’’, con lo que rechazó lo dicho ayer por organizaci­ones sociales en conferenci­a, que aseguraron que esa instancia ocupó el albergue tras haber llegado a un acuerdo con Gutiérrez Farías.

Algo urgente de la intervenci­ón del DIF, aseveró, será la restitució­n de los derechos de los niños, lo cual se hará con base en criterios nacionales e internacio­nales. Se analizará caso por caso para ‘‘ visualizar la mejor opción’’. Descartó que la primera opción para canalizar a los menores a otro albergue. Se buscará primero a sus familias.

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Foto Rafael Ochoa El albergue en su sede de Tarímbaro, Michoacán. La instalació­n en Salamanca ha recibido quejas

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