México y Venezuela: sumisión e injerencia
n un comunicado conjunto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE) informaron ayer, con respecto a las sanciones anunciadas por la administración de Donald Trump en contra de Venezuela, que el gobierno mexicano “procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia”, y conminaron a Nicolás Maduro “a restablecer plenamente el régimen democrático y el estado de derecho de manera pacífica”. Por añadidura, las dependencias mexicanas dieron por buenas las acusaciones de Washington en contra de “diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuela” en el sentido de que han menoscabado “la democracia y los derechos humanos en dicho país” y que han participado “en actos de violencia, represión y corrupción”.
Este nuevo posicionamiento oficial de las autoridades nacionales lleva demasiado lejos dos actitudes indeseables en el manejo de la política exterior: la sumisión al gobier- no de Estados Unidos y la injerencia en los conflictos internos de Venezuela, cuya solución debe depender exclusivamente de los ciudadanos de ese país sudamericano.
En el primero de esos términos es lamentable, por donde se le mire, que el gobierno mexicano adopte como propias imputaciones estadunidenses en contra de funcionarios venezolanos que ni siquiera han sido probadas y que, como lo han señalado diversas voces nacionales e internacionales, se presentan en el contexto de una abierta campaña de desestabilización que apunta a derrocar al gobierno bolivariano. En el segundo, las instituciones nacionales carecen de facultades para emitir juicios sobre el desempeño de gobernantes y funcionarios de otros países y de “actuar en consecuencia”, así como para descalificar acciones institucionales de otras naciones, como lo es la convocatoria de Caracas a una Asamblea Constituyente.
Tales decisiones, en todo caso, no afectarán tanto a las autoridades venezolanas cuanto a la propia diplomacia mexicana,