En aumento, la situación de violencia que enfrentan migrantes a su paso por México

Presentan colectivos civiles informe donde se revela la persistencia de impunidad

Lejos de aminorar, la situación de violencia que enfrentan los migrantes indocumentados que atraviesan México de camino hacia Estados Unidos ha empeorado, en gran medida porque la falta de investigación de dichos agravios, y por tanto de castigo a los responsables, ha hecho aumentar la sensación de impunidad.

Así lo advirtieron diversas organizaciones de derechos humanos en el informe titulado El acceso a la justicia para personas migrantes en México, en el cual destacan que la no existencia de indagatorias sobre las múltiples agresiones que sufren los indocumentados se debe a la ineficiencia y falta de voluntad de las autoridades.

Ximena Suárez, integrante de la Oficina de Washington para América Latina (Wola, por sus siglas en inglés), destacó que 99 por ciento de los casos de abusos denunciados por los migrantes –sobre todo extorsiones, secuestros, asesinatos y violaciones– nunca son sancionados.

Una de las principales razones de ello es que las autoridades judiciales mexicanas ‘‘tienen una marcada falta de voluntad’’ para hacer su labor de investigar y castigar, además de que desalientan a las víctimas a presentar denuncias con el argumento de que al hacerlo, la ley los obliga a quedarse detenidos varios meses para dar seguimiento a su caso.

Otro hallazgo de los autores del informe es que los defensores de derechos humanos que ayudan a los migrantes atacados también suelen ser víctimas de amenazas, agresiones y campañas de descrédito para obligarlos a dejar esta labor.

El sacerdote Pedro Pantoja enfatizó que ‘‘es imposible no mirar esta avalancha humana de dolor’’, integrada por decenas de miles de personas que huyen más de la violencia y la muerte que de la misma pobreza, y denunció que, para muchos servidores públicos mexicanos, los migrantes originarios de Centroamérica no son más que ‘‘mierda y mercancía’’.

Maureen Meyer, coordinadora del programa Wola en México, destacó por su parte que si bien el gobierno del país tiene la obligación de exigir que los derechos de sus migrantes sean respetados, también significa un acto de ‘‘hipocresía’’, tomando en cuenta los agravios que comete o tolera en contra de los indocumentados de origen centroamericano.

Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, lamentó que mientras los grupos criminales se diversifican y crecen, las autoridades no lo hacen, y se sigue causando daños a las víctimas de la violencia.

‘‘Es imposible no mirar esa avalancha humana de dolor’’: Pedro Pantoja