El titular del Tribunal Electoral local descarta zozobra en comicios de 2018
Aún con las impugnaciones pendientes de resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley Electoral local, “no hay ninguna zona de penumbra ni de incertidumbre” para la elección de jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, porque hay una norma vigente que se aplicaría, explicó en entrevista Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral local.
En el caso de la designación de diputados, que es uno de los temas más polémicos, dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inválido el recurso, se regresaría al escenario actual de 40 diputados de mayoría y 26 de representación proporcional.
“Hay que revisar cuáles impugnaciones afectan en un sentido profundo la designación de los órganos de elección popular (…), pero no tendríamos que estar esperando las resoluciones de la SCJN; tenemos una norma vigente y aplicable. Si la norma es declarada inválida cambia el escenario pero no podemos futurizar sobre esa posibilidad”, explicó.
El doctor en derecho, quien asumió la presidencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México en 2014, detalla que en el proceso electoral 2017-2018 hay variables nuevas que pon- drán a prueba el trabajo de esta instancia y los órganos del sistema electoral, ya que habrá elecciones de 10 concejales por demarcación, es decir, 160 nuevos actores, además de la elección del jefe de Gobierno, y “un escenario geopolítico que por lo menos en las encuestas se prevé un escenario competido”.
Sin embargo, dijo, el Tribunal Electoral no cuenta con recursos financieros para crear las nuevas estructuras –como una sala especializada, la unidad de procedimientos sancionadores y la defensoría ciudadana–, ni para el proceso electoral que empieza en octubre.
Hernández Cruz explicó que este año la Secretaría de Finanzas no les ha otorgado ampliaciones líquidas presupuestarias, debido a una restricción en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas, que les impide transferir recursos para la contratación de personal.
“Esto nos afecta en el presupuesto que ya teníamos que haber ejercido este año y para el que tendríamos que ejercer en la creación de áreas nuevas”, finalizó.