Obligada, la revisión del nuevo sistema de justicia penal senadores
Se debe analizar el tema de la prisión preventiva, señalan
El número de adolescentes que alguna vez han consumido drogas ilegales se incrementó de 2.9 a 6.2 por ciento, de 2011 a 2016. Sin embargo, son las mujeres las que presentan una mayor incidencia al registrar un aumento de 205 por ciento, señaló ayer Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
El funcionario destacó lo anterior durante la presentación del Programa Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Sicoactivas y Participación Ciudadana, en donde el secretario de Salud, José Narro Robles, calificó de enorme desafío el combate al uso de enervantes, y consideró que el problema requiere la participación de todos los sectores.
Resaltó que hay más de 500 mil mexicanos que necesitan urgentemente ayuda especializada y no se está llegando a ellos. Por ejemplo, puntualizó que el Conadic cuenta con 340 centros de atención primaria de adicciones y 117 de integración juvenil, pero no es suficiente. “Necesitamos más servicios”.
Narro explicó que en breve arrancará en las escuelas secundarias un plan piloto para prevenir adicciones.
Durante el acto, realizado en el auditorio de la Secretaría de Salud, la directora del Instituto Nacional de Psquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, María Elena Medina Mora, presentó algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 20162017. Entre ellos, que un mayor número de personas inicia el uso de enervantes a edad temprana. Del 25 por ciento que se registraba en 2011, se llegó a 44 por ciento en 2016.
Incremento alarmante
Llamo la atención sobre el hecho de que en las mujeres el crecimiento es más dinámico: fue de tres veces, mientras en los hombres de dos veces. La mariguana representa el 80 por ciento del consumo.
Por lo que hace a la heroína, sólo en cuatro estados del país no se han presentado casos. En el resto sí han ocurrido, aunque con poca prevalencia (.2 por ciento). Esto es muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos –donde hay un alto consumo de dicha droga–, pero esto habla de la necesidad de tomar medidas de prevención importantes, agregó.
Frente al rector de la UNAM, Enrique Graue; el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, y representantes de la Organización Mundial de la Salud y la El Senado está obligado a revisar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero no para debilitarlo, sino para fortalecerlo, coincidieron las presidentas de las comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos, Pilar Ortega, Cristina Díaz y Angélica de la Peña, respectivamente.
Insistieron en que el nuevo sistema de justicia penal debe someterse a un análisis, pero no para dar marcha atrás a sus ejes centrales, que son reducir la impunidad, proteger a las víctimas y reparar los daños que se les haya causado.
Se debe revisar el tema de la prisión preventiva, pero sólo para casos graves.
Hay voces que demandan volver hacia atrás, porque consideran que el incremento de la inseguridad provocada por la ola de violencia que padece el país se debe a la puesta en marcha del sistema penal acusatorio, lo que es absolutamente falso, comentó la senadora Ortega.
La legisladora panista resaltó que la esencia del sistema oral radica en lo opuesto a esa críticas, es decir, “en reducir la impunidad, proteger a las víctimas y reparar los daños que se han causado en su perjuicio, esto sobre el eje de los derechos fundamentales”.
Consideró relevante la realización del foro Reformar el Sistema de Justicia Penal en México para Mejorar, que se llevó a cabo la víspera en la sede senatorial, ya que, insistió, modificar el sistema penal acusatorio sin una evaluación que ofrezca un panorama claro sobre los aspec- tos que es necesario modernizar sería una salida equivocada.
Ese foro, dijo, “es el primero de varios actos a que está convocando el Senado para discutir, conversar, analizar y debatir sobre el rumbo que debe tener el sistema penal acusatorio y sobre cómo podemos fortalecerlo”.
La legisladora priísta Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que su bancada coincide con el gobierno federal en que se deben atender algunas lagunas jurídicas, como establecer la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencia grave, entre ellos el robo de hidrocarburos y la portación y el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.
Explicó que el PRI presentó un proyecto de reformas cuyo objetivo es fortalecer la operación del sistema y llevar a los imputados ante la justicia, con transparencia y claridad. Hay retos, dijo, en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ameritan una revisión.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, explicó que que a un año de haberse puesto en marcha el nuevo sistema de justicia penal en el país es necesario revisar los ajustes que se requieran, ya que toda norma es perfectible.