El gobierno de Puebla concesionó 66% del suelo del estado, denuncian campesinos
Ese esquema genera alta conflictividad social, expone la Coordinadora Plan de Ayala Entre las autorizaciones otorgadas está la fractura hidráulica para la extracción de gas Decrece la cifra de autocultivadores de compradores de estatal en Uruguay
Sesenta y seis por ciento del territorio del estado de Puebla ha sido concesionado por el gobierno local a compañías nacionales y extranjeras, quienes han puesto en marcha diversos El número de inscritos para comprar mariguana producida bajo control estatal en las farmacias de Uruguay se duplicó en poco más de dos semanas de funcionamiento del mecanismo, según datos del oficial Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).
El total de “adquirentes”, como se denomina a las personas anotadas en el registro oficial que permite el acceso a 40 gramos mensuales de la droga con fines recreativos, ascendía a 10 mil 481 este viernes, desde los 4 mil 959 inscritos al miércoles 19 de julio, cuando comenzó la comercialización del producto.
El mes pasado Uruguay comenzó a vender en farmacias la mariguana producida por privados en predios bajo vigilancia del Estado, que también controla la calidad del producto.
Es un sistema que se aplica por primera vez en el mundo y que apunta a cambiar la política antinarcóticos.
El país sudamericano reguló megaproyectos –como minas, plantas hidroeléctricas e incluso yacimientos de hidrocarburos explotados mediante fracking– a través del despojo de los recursos naturales de las comunidades donde se asientan.
Así lo denunció la Coordi- por ley en 2013 el acceso al cannabis con fines recreativos, y la venta en farmacias es la última etapa en este proceso.
La norma es presentada como estrategia de lucha contra las drogas introducidas ilegalmente al país, y habilita tres mecanismos para acceder al cannabis: el autocultivo en hogares, el cultivo cooperativo en clubes y la compra en farmacias.
Sólo ciudadanos uruguayos o residentes legales en el país pueden comprar la yerba en farmacias, lo que elimina la posibilidad de venta a turistas.
Según cifras oficiales, hay 63 clubes de producción en funcionamiento, 6 mil 927 autocultivadores (una cifra que ha ido bajando lentamente desde que se inició la venta al público), y 10 mil 491 consumidores en farmacias registrados oficialmente.
Los locales de venta aún no cubren los 19 departamentos en los que está dividido este país de 3.4 millones de habitantes.
La droga se vende en envases de cinco gramos y hay dos variedades disponibles. El costo es de 1.30 dólares el gramo al cambio actual. nadora Nacional Plan de AyalaMovimiento Nacional (CNPAMN), agrupación que advirtió sobre los altos niveles de conflictividad social generados por este esquema, incluido el encarcelamiento o asesinato de los habitantes que se oponen a las empresas.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización campesina destacaron que las autoridades poblanas han otorgado 440 concesiones mineras, tan sólo en la región de la Sierra Norte del estado, y aunque algunas han sido canceladas, en su conjunto son casi 70 por ciento del territorio de la entidad.
Asimismo, se han extendido permisos para instalar plantas hidroeléctricas y explotar hidrocarburos mediante la técnica de la fractura hidráulica o fracking, por la cual se inyectan en el subsuelo millones de litros de agua –combinados con diversas sustancias potencialmente tóxicas– para romper las piedras que contienen el llamado gas de lutitas.
Todo ello, enfatizó la CNPAMN, se ha impuesto por conducto de leyes que buscan ace- lerar la entrega de los recursos naturales, o ilegalizar las manifestaciones de descontento de los habitantes de las comunidades afectadas, lo cual generó que unas 360 personas fueran encarceladas por motivos políticos durante la administración de Rafael Moreno Valle.
El nivel de represión, añadió el colectivo, incluso ha provocado la muerte de varias personas, entre ellas el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, fallecido durante una serie de protestas en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan; y los activistas Frumencio Solís Cruz y Antonio Esteban Cruz, asesinados en 2012 y 2014, respectivamente.
Por todo ello la organización exigió la liberación de todos los presos políticos en Puebla; el cese de las amenazas de muerte y hostigamiento contra luchadores sociales; la realización de indagatorias eficientes en el caso de activistas asesinados, y el inicio de un proceso de diálogo para distender la situación política.