Alertas de violencia de género en México

a situación de crisis que actualmente se vive en nuestro país agudizó el incremento de los delitos y las violaciones a los derechos humanos. La violencia que enfrentan las mujeres también aumentó gravemente en los últimos años. El feminicidio es una de sus expresiones más extremas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 se cometieron 2 mil 735 homicidios de mujeres en el país, de los cuales sólo 25 por ciento fue tipificado como feminicidio. Esto refleja que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han adoptado políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia que las mujeres viven día con día, dejando de lado sus obligaciones de garantizar los derechos de las mujeres establecidos en instrumentos internacionales de los que México es parte. A escala federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la creación de una alerta de violencia de género (AVG) que obligaría a las entidades y municipios a establecer medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y de acuerdo con el artículo 22 de esa ley de acceso éstas consisten en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Cabe señalar que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida tanto por los individuos como por la propia comunidad. Convocado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el pasado martes se llevó a cabo el foro Nadando a contracorriente: contexto y seguimiento de las alertas de violencia de género desde la sociedad civil, la academia y el Estado, el cual aportó importantes elementos para un debate público sumamente necesario e inevitable, dado el contexto que enfrentamos. Durante el foro se escucharon las experiencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Chiapas, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y el estado de México, peticionarias de la AVG en sus entidades, o que les dan seguimiento, ejerciendo así su derecho ciudadano. Las AVG en efecto han sido resultado del trabajo conjunto de las OSC, de la academia y de diversas instituciones, las cuales visualizaron la necesidad de implementar acciones urgentes de protección a la integridad y la vida de las mujeres, mediante medidas de seguridad, justicia y prevención.

A pesar de que la declaratoria formal se realiza mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la implementación de la AVG depende de las acciones que realizan las autoridades en los estados y municipios. Sin embargo, todas las experiencias del foro coinciden en la falta de voluntad política de las autoridades, quienes están obligadas a actuar de manera urgente. Las cifras en la activación de la AVG son un indicador de que la violencia contra las mujeres no ha disminuido. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, mientras que entre julio de 2015 y junio de 2016 se emitieron tres AVG, de julio del año pasado al mismo mes de este año se han decretado sólo ocho, y actualmente hay únicamente 11 alertas decretadas. Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en los últimos meses se les ha exigido llevar a cabo las acciones necesarias a 51 municipios de Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo. Sin