Exigen resolver crisis sanitaria en Poncitlán por aguas contaminadas
“Urge citar a funcionarios; persisten coliformes y metales pesados en cuenca Lerma-Chapala-Santiago”
Organizaciones civiles y habitantes de Poncitlán pidieron al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, citar de manera urgente al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y a los titulares de diversas dependencias estatales para “resolver la grave catástrofe de salud pública” que padecen los pobladores de ese municipio y los de la ribera del lago de Chapala, donde debido a la contaminación, se calcula que hay al menos 8 mil personas con daños renales y un centenar de casos de bebés nacidos con daño fetal.
La petición fue entregada a Hernández Barrón durante una gira en su primer día a cargo de la CEDHJ el miércoles anterior, pero hasta este viernes no recibían respuesta oficial, pese a la urgencia de la solicitud en la que se destaca que debido a las aguas contaminadas de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago con coliformes y metales pesados, y a los pozos abastecedores que envían agua termal fuera de norma a través de las redes públicas, el problema se agrava cada día.
Jalisco, segundo lugar mundial en enfermedad renal terminal
“El caso de Poncitlán, en cuestión de salud pública, es el más grave del país. Nuestro estado tiene el segundo lugar mundial en enfermedad renal terminal con 421 casos por millón de habitantes y en el poblado de Agua Caliente el problema es mayor, pues haciendo una proyección estadística tendría 9 mil 300 casos por millón de habitantes ya que con sólo mil 200 habitantes tiene 11 casos de enfermedad renal en etapa terminal, seis pesonas con hemodiálisis, una con diálisis y cuatro trasplantados”, refiere el documento en poder de la CEDHJ.
La petición hace hincapié en los más de cien casos de nacidos con daño fetal y malformaciones en las comunidades de Mezcala y La Zapotera, también en Poncitlán, a partir del envío de agua termal fuera de norma y con metales pesados.
“Las mentiras de las autoridades han sido muchas y la evasión y falta de acciones son otras tantas. Esto está agravando la catástrofe sanitaria, por casos de enfermedad renal en esa zona, por lo que reiteramos que es urgente llamar a comparecer a los funcionarios señalados ante el Congreso.”
Además del gobernador Sandoval, la petición para que la CEDHJ cite a funcionarios públicos a reunirse con diputados locales y afectados incluye al presidente municipal de Poncitlán, Juan Carlos Montes, y a los titulares de la Secretaría de Salud Jalisco, Antonio Cruces Mada, y de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Lugo Arias.
“La Organización de las Naciones Unidas tiene conocimiento de las omisiones de México en cuanto a derechos humanos y al acceso al agua y saneamiento. Le adjuntamos documentos y como presidente de la CEDHJ lo animamos a no ser parte de estas graves omisiones y ser verdadero defensor de los derechos de los pueblos. Miles están enfermando y unos muriendo por estas omisiones”, concluye el documento.
Los firmantes son grupos, asociaciones y líderes sociales, entre ellos el Foro Socioambiental GDL con el apoyo de Red Ciudadana, Fundación para un Mejor Jalisco y Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago.
La solicitud fue recibida por el presidente de la CEDHJ en la gira que realizó por varias localidades de la ribera del lago más grande de México, que incluyó visitas a comunidades de Poncitlán como la isla de los Alacranes, Tlachichilco del Carmen y la isla del presidio donde se reunió con presidentes comunales y líderes del pueblo coca y nahua de San Juan Tecomatlán, Mezcala, San Pedro y cooperativas de pescadores de la ribera de Chapala.
Ese día también se entrevistó con habitantes de San Pedro Itzicán, la comunidad de Poncitlán con mayor número de víctimas de violaciones a su derecho a la atención de la salud a causa de la contaminación del agua. El gobierno del estado anunció este viernes un incremento salarial de 50 por ciento a los más de 4 mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública y a los más de 630 investigadores, peritos y médicos de la Fiscalía General del Estado, lo cual mejorará el sueldo base y las prestaciones del personal.
En compañía del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el mandatario Rolando Zapata Bello dio un ejemplo: el policía que menos gana ahora en Yucatán recibe unos 8 mil 300 pesos netos mensuales.
Con el incremento, “quienes patrullan nuestras calles, dirigen el tránsito o acuden en nuestro auxilio para darnos seguridad, ganará unos 12 mil 190 pesos al mes”.
Destacó que el aumento implica un presupuesto anual de 400 millones de pesos” y se hará efectivo a partir de la primera quincena de agosto”. Anunció que contratarán a 550 elementos más para la corporación, pues “con el desarrollo urbano tenemos nuevos retos en cobertura geográfica de seguridad”.