Tres años de prisión a Xóchitl Tress, culpable de enriquecimiento ílicito
La pena mínima por enriquecimiento ílicito es de tres años La Fiscalía de Veracruz y la imputada acordaron procedimiento abreviado
El marco jurídico y fiscal que rigen la educación superior han sido inhibidores para el crecimiento de la educación privada, señaló Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes).
En entrevista, dijo que uno de los principales problemas que ha tenido la educación privada es el marco jurídico. Agregó que la ley general de educación y la ley de coordinación de educación superior “son muy antiguas”.
Subrayó que esta última, “no ha sufrido ningún cambio desde la administración del presidente López Portillo”, Mencionó que la normatividad no contempla el tema de la calidad y es hasta la revisión del acuerdo secretarial 279 que empiezan a pedir algunos requerimientos.
Sobre el tema financiero, señaló que a diferencia de otros países en México los padres de familia no pueden deducir las colegiaturas, tampoco, dijo, “hay financiamientos, los que están disponibles en México son muy pequeños, habrá siete u ocho mil créditos educativos entre todas las organizaciones que hay”.
Guerra Botello agregó que las instituciones particulares “en ciertas circunstancias pagamos más impuestos que las empresas porque pagamos el IVA, que no podemos recuperar, y nos imponen 5 por ciento de becas obligatorias, esas dos cosas representan como 10 por ciento de los ingresos de las universidades”.
“Si tuviéramos más flexibilidad en el marco fiscal y normativo, la educación particular complementaría mejor la educación pública y podríamos crecer la cobertura escolaridad”, alrededor de 60 por ciento, añadió.
Guerra Botello estuvo presente en la ceremonia de ratificación del rector de la Universidad la Salle, Enrique González Álvarez, para el periodo 2017-2020. de libertad de tres a nueve años” y la “inhabilitación” del funcionario infractor. El predio en cuestión, anexo al templo principal, estaba ocupado en tiempos recientes por algunas casetas de servicios públicos. Cuando el jefe delegacional anunció la edificación de cuatro pisos para oficinas federales, en particular para la Secretaría de Desarrollo Social, la representación de comuneros se opuso, luego de que las asambleas de los nueve pueblos de manera unánime suscribieran la postura expresada por Flores Aguilar.
Exhibiendo las actas del juez ante Cristal Valencia, apode- Un juez de ejecución dictó una sentencia de tres años de prisión a Dominga Xóchitl Tress Rodríguez por enriquecimiento ilícito, que la propia indiciada admitió haber cometido durante su paso por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa como directora de Espacios Educativos de Veracruz.
En lo que fue la tercera audiencia privada, a petición de la defensa, Tress Rodríguez admitió su responsabilidad en las acusaciones que le fincó la Fiscalía General del Estado de Veracruz por 8 millones de pesos en de- rada legal de la delegación, los pobladores hicieron que la empresa constructora retirara una máquina mezcladora. Tomando fotos a nivel del suelo y vistas aéreas mediante un dron propiedad de los Bienes Comunales, los nahuas de Villa de Milpa Alta documentaron el atropello. Pacífica pero firmemente, los inconformes argumentaron que el uso y destino del suelo comunal “debe ser definido por asambleas, no por gobiernos”.
Tras ser detenida la obra, en nombre de la representación de Bienes Comunales, Francisco Pastrana destacó: “Este es un paso más en la lucha de los pueblos de Milpa Alta por la defensa de su tierra y su cultura comunitaria. Es una muestra de que el gobierno no puede estar por encima de la ley”. trimento del erario, razón por la cual fue detenida el lunes antepasado en Puerto Vallarta, Jalisco, por agentes de la Policía Ministerial de Veracruz, que contaban con una orden de aprehensión girada por el juez de control.
La ex funcionaria se comprometió a devolver los bienes y la fiscalía los decomisará de inmediato, por orden del juez, lo que le permitiría obtener la libertad bajo fianza, pues eso repararía el daño cometido a las finanzas públicas.
Tras el término de la audiencia, minutos antes de las 23 horas, Tress Rodríguez fue regresada al penalito de Playa Linda.
La noche de ayer viernes, medios locales informaron que durante esta madrugada, el juez de ejecución de sentencia determinará el posible monto de la garantía económica que podría depositar Tress Rodríguez para alcanzar su libertad.
El pasado martes un juez de control de Veracruz dictó dos años de prisión preventiva a Xóchitl Tress por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
A Xóchitl Tress se le relaciona como prestanombres ya que se presume también fue beneficiada con transferencias ilegales al adquirir “JDDO” (llamado así por las autoridades), una camioneta de lujo y un departamento.
Luego de su captura y el respectivo oficio de colaboración, fue trasladada a Veracruz, donde se celebró la audiencia inicial, en la cual la fiscal investigadora adscrita a Boca del Río obtuvo la imputación por enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General estatal, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, informó además que a la detenida se le embargaron bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río; asimismo, la autoridad judicial aplicó la medida cautelar de prisión preventiva necesaria por el periodo de dos años.