Cesa la Asamblea Constituyente a la fiscal general de Venezuela
Relevará el Defensor del Pueblo a Luisa Ortega ■ El opositor López vuelve a arresto domiciliario El principal asesor de seguridad nacional de Donald Trump descarta una intervención militar
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela removió ayer de su cargo a la fiscal general Luisa Ortega y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó enjuiciarla, luego que la funcionaria rompió con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Ortega, se informó, será sustituida temporalmente por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, informó en Twitter que su marido salió de la cárcel la madrugada de ayer y pasó a arresto domiciliario “por problemas de salud”. Por la noche, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la versión.
Fuerzas de seguridad rodearon la sede del Ministerio Público (MP) e impidieron la entrada a la ex fiscal, mientras la Constituyente comenzaba sus deliberaciones por primera vez.
“La ANC sesionará dos años para llevar adelante las reformas que considere convenientes”, informó el constituyente Diosdado Cabello.
Por su parte, los cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur) suspendieron permanentemente y de forma unánime a Venezuela como integrante del bloque, al considerar que Caracas rompió “el orden democráti- co” ante la grave crisis que vive el país.
Nicolás Maduro aseguró que nadie sacará a Venezuela del Mercosur, porque sería “echarlos de América”.
Herbert Raymond McMaster, principal asesor de seguridad nacional del presidente estadunidense, Donald Trump, dijo que no ve probable una intervención militar en Venezuela, pese a pedir a otras naciones que ayuden a Estados Unidos a “rescatar al país de una dictadura autoritaria”.
Luisa Ortega, quien en opinión del primer vicepresidente de la ANC, Aristóbulo Istúriz, “promovió la discriminación y parcialidad política generando altos niveles de violencia delictiva y política en el país”, fue suspendida del cargo por decisión de la Corte Suprema, la cual la enjuiciará por irregularidades en su cargo.
Diosdado Cabello, dirigente de alto nivel del chavismo y miembro de la Constituyente, fue quien propuso ante el pleno separarla definitivamente. “Ante el inexorable vacío que existe allí, en este momento, propongo que sea removida de su cargo la señora Luisa Ortega, no suspendida. Aquí no es un linchamiento personal, político, sino cumplir con la ley”, sentenció.
Ortega, quien desde junio lla- mó a desconocer la Constituyente, denunció por la mañana que militares de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron su entrada a la sede del MP. Indicó que “seguirá luchando por los venezolanos, por sus libertades y derechos. Hoy denuncio que el TSJ y la ilegal ANC presidencial, pasando por encima de la Constitución y las leyes, decidieron removerme del cargo de fiscal general para que no siga defendiendo los derechos del pueblo. Por ello les ratifico que en Venezuela está en pleno un golpe contra la Constitución, promovido por el TSJ y el Ejecutivo nacional. Ese es el único nombre del proceso que vivimos en estas horas y que debe alarmar a la comunidad internacional. No me rindo. Venezuela no se rinde ni se rendirá ante la barbarie, la ilegalidad, el hambre, la oscuridad y la muerte. Nuestro pueblo tiene que mantener viva la esperanza y la unidad”, escribió Ortega en un comunicado publicado en Twitter desde la cuenta oficial del MP.
De “valiente” fiscal a “traidora”, Ortega, de 59 años, fue considerada por mucho tiempo una inquisidora por la oposición. El giro político de ella fue radical, ya que era una de las figuras más fieles del chavismo. Impulsó condenas contra los policías acusados por el golpe de Estado contra el fallecido presidente Chávez en 2002 y fue la artífice de la sentencia de casi 14 años de cárcel que cumple el opositor Leopoldo López, por “incitar a la violencia” en las protestas de 2014, que dejaron 43 muertos.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay anunciaron la decisión de suspender a Caracas del Mercosur y le exigieron liberar a opositores y “presos políticos”. La medida no afectará las políticas de comercio y migración para evitar empeorar la crisis humanitaria en Venezuela, explicó el canciller brasileño.