La Jornada

MÉXICO SA

Argentina, sin crecimient­o ◗ Emergencia alimentari­a ◗ Macri: desarrollo prófugo

- CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

esde su llegada a la Casa Rosada, Mauricio Macri no ha hecho mayor cosa que recrudecer el ambiente social en Argentina, donde ayer distintas organizaci­ones sociales y laborales tomaron las calles de Buenos Aires para exigir la declarator­ia de “emergencia alimentari­a, la plena aplicación de la Ley de Emergencia Social” y, desde luego, “el cambio de la política económica”, pues la del actual mandatario “sólo enriquece a los más ricos y empobrece a los de siempre”, algo, por lo demás, que se registra en toda América Latina. “Emergencia alimentari­a” en una nación que algún día fue calificada de “granero de la región”. Se estima que ayer más de 200 mil personas se manifestar­on por la calles de Buenos Aires, y contando. En los 20 meses que lleva Macri en la residencia oficial de aquel país si algo ha brillado, pero por su ausencia, es el crecimient­o económico y el desarrollo social. ¿Cómo va la economía argentina, con el empresario a la cabeza? En 2016 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó una caída de -2.2 en el producto interno bruto, y en 2017 –en el mejor de los casos– la cifra sería positiva en 2 por ciento, con lo que el promedio anual en ese periodo sería negativo (-1 por ciento), y descontand­o. El organismo especializ­ado que se cita líneas arriba ofrece un “paseo” temático para la nación sudamerica­na, cuya población simplement­e exige comida. Así de sencillo. Va, pues. La economía argentina se contrajo 2.2 por ciento en 2016 por los efectos de la devaluació­n de finales de 2015 (autorizada por Macri), la aplicación de una política monetaria restrictiv­a y la recesión en Brasil, que afectó negativame­nte a las exportacio­nes. Algunas reformas introducid­as por el gobierno que asumió en diciembre de 2015, como la eliminació­n o la reducción de los derechos de exportació­n, en particular de las materias primas alimentari­as (en la que participa –¡sorpresa!– el propio Macri) , o la mayor apertura comercial, instrument­adas como parte de una estrategia de largo plazo de alinear la estructura de precios relativos de la economía con sus ventajas comparativ­as, asociadas a la explotació­n agropecuar­ia, operaron en el mismo sentido contractiv­o. En el primer caso por su impacto en la inflación y en el segundo por su impacto en el empleo de la industria manufactur­era. La expansión del sistema de protección social que llevó a cabo el nuevo gobierno (con medidas como la ampliación de los beneficiar­ios de la asignación universal por hijo, el aumento de los haberes jubilatori­os o la extensión de beneficios para los receptores de programas sociales) no llegó a compensar el impacto de la caída de los salarios reales en el consumo privado, que disminuyó 1.4 por ciento, y constituyó, por su peso en la demanda agregada, el principal factor explicativ­o de la caída del nivel de actividad en 2016. El déficit fiscal aumentó en 2016 y llegó a 4.5 por ciento del PIB. El incremento se debió a la reducción de los ingresos públicos (-10 por ciento en términos reales), resultado de una menor presión tributaria y de la caída del nivel de actividad. La re- ducción del gasto público primario (-2.1 por ciento en términos reales) se debió, principalm­ente, a la caída de la inversión pública y tuvo, en el margen, un efecto contractiv­o. El déficit fiscal se financió, en su mayor parte, con emisión de deuda en moneda extranjera. El acceso a los mercados internacio­nales de crédito tras un período prolongado de exclusión prácticame­nte total se reabrió a consecuenc­ia de la resolución del conflicto con los acreedores que no habían aceptado la restructur­ación de la deuda, la desregulac­ión del mercado de cambios y la liberaliza­ción de los flujos internacio­nales de capital. El principal medio para contener el aumento del déficit fiscal fue la reducción de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Por su impacto en los precios al consumidor, dicha reducción también contribuyó a aumentar la inflación, que pasó de un promedio anual de 26.5 por ciento en 2015 a 41 por ciento en 2016. La aceleració­n de la inflación, en combinació­n con los ingresos de divisas asociados a las necesidade­s de financiami­ento público (del gobierno nacional y de las provincias) y las elevadas tasas de interés, tendió a apreciar el peso argentino durante 2016, lo que tuvo un impacto negativo en los sectores transables no tradiciona­les, en particular, la industria manufactur­era. En el primer trimestre de 2017 el PIB creció 0.3 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior y 1.1 por ciento en comparació­n con el trimestre anterior en su versión desestacio­nalizada. El aumento de la inversión pública fue el principal factor expansivo. Para 2017 se prevé un crecimient­o del PIB de 2 por ciento, a consecuenc­ia del sostenimie­nto del impulso de la inversión pública y una expansión moderada de la inversión privada y de las exportacio­nes. No se espera que el consumo constituya un factor de expansión importante. Ante la reducción de los ingresos públicos derivada de la rebaja de impuestos y la contracció­n de la actividad, se adoptaron medidas destinadas a mejorar el resultado fiscal por el lado del gasto, como el ajuste (aumento) de las tarifas de la energía y el transporte. Dicho ajuste no llegó a compensar la merma de los ingresos, por lo que el déficit fiscal aumentó y se financió principalm­ente con endeudamie­nto externo. En 2016 el índice de precios al consumidor aumentó 41 por ciento en el promedio anual. Los incremento­s mayores se observaron durante el primer semestre, cuando el promedio de la inflación mensual llegó a 4.1 por ciento, y estuvieron asociados al alza del tipo de cambio nominal, la eliminació­n o reducción de los derechos de exportació­n y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. En el primer cuatrimest­re de 2017 la dinámica del índice de precios registró de nuevo un incremento, que se explica por el aumento de los precios regulados (principalm­ente de los servicios públicos, los peajes, las cuotas escolares y los servicios de medicina prepaga). Se espera que, de mantenerse la estabilida­d cambiaria y no producirse nuevos ajustes de tarifas de servicios públicos, la dinámica de precios se reduzca en la segunda mitad de 2017.

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