Quita el gobierno de Chihuahua ayuda a familiares de víctimas de feminicidio
■ Recorte de 90%; reciben sólo $450 a la semana ■ Se viola fallo de la CIDH sobre caso Campo Algodonero ■ Les niegan audiencia con Corral ■ Encuentran cadáver de una mujer en Tepic
El gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, quitó 90 por ciento de la ayuda que la organización Madres en Busca de Justicia recibía desde 1995 por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego del juicio del caso conocido como Campo Algodonero.
Victoria Caraveo Vallina, dirigente del grupo, acompañada de 28 madres de mujeres asesinadas o desaparecidas cuyos restos fueron encontrados en el Campo Algodonero en noviembre de 2000, denunciaron que en foros y audiencias públicas han intentado plantear este problema al gobernador Corral, pero funcionarios hasta de cuarto nivel y su equipo de seguridad se los impiden.
Mencionó que los anteriores gobiernos priístas ‘‘no presenta- ban máscara de democráticos, populares y abiertos a la población’’.
Dijo que el programa de ayuda económica, despensas, becas para los hijos de las víctimas, apoyo sicológico, médico y jurídico, entre otros, funcionaba sin problemas hasta que llegó la actual administración. Por ejemplo, la despensa mensual ahora incluye uno de cada cuatro artículos que les daban.
Estas mujeres, quienes se hicieron cargo de sus nietos después de que sus hijas murieron violentamente, reciben ahora 450 pesos a la semana, que no les alcanzan ‘‘ni para los camiones’’, menos para uniformes, útiles escolares y alimentarlos, como estipulaba la sentencia de la CIDH al Estado mexicano.
Los niños han crecido y ahora les quitaron las becas, desde primaria hasta universidad. En Ciudad Juárez, los padres de alumnos de secundaria, y sobre todo en preparatorias y universidades, deben erogar al menos 2 mil pesos por semestre.
Caraveo Vallina demandó que estas madres y sus hijos sean resarcidos y que el gobierno estatal gaste menos en viáticos para auxiliar ‘‘a quienes verdaderamente necesitan el dinero’’.
Recordó que el 27 de enero de 1993 las autoridades encontraron el cuerpo de una adolescente en un campo desértico y que desde 2012 ha repuntado la desaparición de adolescentes de 13 o 14 años, agregó.
Indicó que la falta de seguimiento a las investigaciones ha impedido resolver la mayoría de los asesinatos y las desapariciones, y pocos presuntos implicados han sido detenidos.
Con frecuencia estas madres recuerdan en ceremonias que sus hijas desaparecieron o fueron asesinadas y exigen justicia, pues la mayoría de los crímenes siguen impunes. Trabajadores de la clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y familiares de dos enfermeras de ese centro de salud desaparecidasprotestaron frente al edificio de la policía investigadora de Mazatlán, Sinaloa, para exigir que sean localizadas. El pasado 29 de julio salieron a un bar turístico y se desconoce su paradero.
Con pancartas que decían: ‘‘Queremos a nuestras hijas vivas’’ y las fotos de Cindy Cázares, y Érika Montes de Oca, cerraron la avenida Cruz Lizárraga para demandar avances en las investigaciones. Después de algunos minutos, familiares ingresaron a hablar con funcionarios.
‘‘Exigimos ver las cámaras. Ya basta de tantas desapariciones y muertes de mujeres. Si no nos dan respuesta, vamos a bloquear las casetas de la autopista’’, advirtieron los manifestantes, quienes solicitaron hablar con el alcalde Fernando Pucheta, y ‘‘que no diga que no hay desaparecidos’’.
Aeste reclamo se sumaron familiares de José Antonio López Palomares, de 22 años de edad y chofer de la empresa Uber, quien fue visto el mismo día de la desaparición de Cindy Cázares, asignada al área de urgencias, y de Érika Montes de Oca, quien también laboraba en esa clínica.
Ana María, madre de José Antonio, dijo que en los 10 días posteriores a su desaparición lo han buscado en rancherías y poblados.
José Carlos Aguirre también acudió a la oficina de la policía investigadora a denunciar que hace una semana se extravió su esposa, Yesenia Vanessa Jiménez, de 40 años de edad, pero no le tomaron el reporte de desaparición y le dijeron que regresara después.
Precisó que su pareja salió de San Francisquito para visitar a su padre en la colonia Francisco Villa de Mazatlán, pero ya no regresó.
En Tepic, Nayarit, el cuerpo de Fabiola Carrillo González fue hallado la mañana de ayer en un parque del fraccionamiento Castilla.
La FGE tiene registrados cerca de 50 casos de personas extraviadas, entre ellos el de dos mujeres. El cadáver de una de ellas fue localizado el fin de semana pasado dentro de una fosa clandestina situada entre los municipios de Tepic y Xalisco; la otra desapareció el mes pasado en la colonia Indeco de Tepic.