La Jornada

Corrupción, ausente del Código de Ética

- ARTURO CANO MAZATLÁN, SIN.

‘‘Es por seguridad, para saber quién entra’’, dice el guardia, mientras la edecán de falda corta coloca la cinta en la muñeca del invitado. Los delegados a la Mesa Ética y Rendición de Cuentas, una de las que se suponía despertarí­an mayor interés, portan varias cintas tipo hotel todo incluido. Una parte lleva los brazaletes de los tres hoteles Palace, quizá porque uno de sus dueños, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, hizo un descuento a sus correligio­narios.

Los organizado­res previeron un gran interés en esta mesa. Tanto, que colocaron decenas de sillas y una gran pantalla en el jardín. No se paró ni una mosca. El PRI tenía previstos 650 delegados para este tema. En el arranque había 338 y en el salón no cabía ni un alma. A saber dónde meterían al resto si hubiesen llegado.

La corrupción, con la (in)seguridad, es un tema que está a la cabeza de los problemas del país. Los analistas e incluso dirigentes del otrora partido hegemónico coinciden en que los Duarte, los Borge, las casas y anexas son la razón de que el PRI haya perdido 4 millones de votos desde 2012.

¿En qué se expresa ese dato duro? No en la mesa de Mazatlán.

A la mitad del sexenio de ese aliado del PRI llamado Vicente Fox, México ocupaba el lugar 63 en el ranking mundial de Transparen­cia Internacio­nal. Hoy, en el ocaso del presidente que salvaría a México, anda en el sitio 123, con apenas 30 de cien puntos. Si se quiere decir con suavidad, el país posee una percepción de corrupción muy por encima de sus socios y competidor­es.

Pues para eso está el Código de Ética Partidaria que se discute en esta mesa. Sin mayor trámite –tras comenzar ya muy entrada la mañana los trabajos–, los delega- dos aprueban el documento en lo general y anotan sus reservas. El primer artículo dice que el código ‘‘es la guía de conducta obligatori­a para miembros, militantes, cuadros y dirigentes del PRI, en el ejercicio de sus tareas partidista­s y en el desempeño de funciones públicas’’.

Un bloque de delegados de la Confederac­ión Nacional de Organizaci­ones Populares y otros sueltos quieren que haya mayor precisión: que se diga expresamen­te que los servidores públicos surgidos del tricolor, gobernador­es y alcaldes, sobre todo, serán inmunes a la corrupción. La mesa de los debates, tras un breve escarceo, acepta que se incluya la propuesta de algunos delegados, cuando se discute el artículo 2, pese a que el primero había sido ya votado sin la adición.

Las cabezas de la reunión no dejan lugar a dudas: ‘‘La mesa está obligada a defender el dictamen. No le pueden negar la posibilida­d de intervenir’’, dice frente a reclamos de delegados el ex gobernador de Colima y jefe histórico del Grupo Universida­d de esa entidad, Fernando Moreno Peña.

Dirigentes de la oposición han acusado a Moreno Peña de mapache electoral y de desviar recursos públicos a su partido. Un sobrino suyo fue señalado por la procuradur­ía estatal como coautor intelectua­l del asesinato del ex gobernador Silverio Cavazos, en 2010. Pero ningún dato de su biografía impidió que apareciera en la mesa dedicada a la transparen­cia y la ética, ni tampoco que sea permanente­mente consultado por la presidenta de la mesa, la senadora Graciela Ortiz, cuya vasta trayectori­a incluye haber sido segunda en el gobierno de Chihuahua, con el ahora prófugo César Duarte.

Ortiz y Moreno tienen que contener los ímpetus de la militancia que pretende que se apliquen exámenes psicométri­cos y antidoping a los candidatos. ‘‘¿Cuántos locos hemos tenido en el gobierno?’’, pregunta Juan Francisco Rivera, dirigente de Nuevo León. ‘‘Corremos el riesgo de sobrerregu­lar’’, ataja Moreno Peña.

El cuadro lo completa Manuel Andrade, el dicharache­ro ex gobernador de Tabasco, a quien correspond­e la cara amable con la prensa (a la que se impide entrar al recinto). Los colegas locales preguntan y Andrade responde.

¿Temen que la ciudadanía les cobre el historial de sus gobernador­es? ‘‘La gente nota, anota y vota’’. Habla, sobre todo, de la necesidad que tiene el PRI de cuidar su unidad si no quiere vivir un proceso similar al ocurrido cuando surgió el PRD, partido que, dice, se alimentó de las imposicion­es de candidatos. Por ello, asegura, los perredista­s de los primeros tiempos eran ‘‘locos y agresivos (porque) les daban licencia para matar’’.

¿Logrará el PRI sobreponer­se a su lista de gobernador­es corruptos? La sabiduría del ex colaborado­r de Roberto Madrazo cierra: ‘‘La gente es muy noble, perdona todo. Lo que no perdona es que alguien sea frívolo, que aparte de ratero sea cínico’’. Pregunta él: ‘‘¿Es todo? Gracias’’, y se va a encabezar la mesa que tiene la grave responsabi­lidad de aprobar el Código de Ética, documento de 14 páginas en el que la palabra corrupción no existe.

Algo en el ambiente dice que quienes presiden la mesa preferiría­n estar en Campeche o Zapopan, donde se discuten los Estatutos o la Visión de Futuro, las reglas para mantenerse en el poder.

Entrada la noche, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, se apersona e informa de algunos acuerdos tomados en las otras mesas. Le interesa subrayar ‘‘el fin de la era de los candados’’ y asegura que hacia 2018 se perfila ‘‘una elección a tercios. Con nuestros aliados tenemos el tercio mayor. ¡Vamos a ganar!’’, concluye y el auditorio corea tres vivas a México y tres al presidente Enrique Peña Nieto.

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