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Gobierno financia privatización ◗ Banca pública para particulares ◗ ¿Y la “catarata” de inversiones?

a “estrategia” original planteada por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, indicaba que el gobierno peñanietista captaría inversiones privadas multimillonarias por la “apertura” de los sectores petrolero y eléctrico, toda vez que “el Estado mexicano” no tenía recursos propios para enfrentar las necesidades de crecimiento y desarrollo en ambas áreas productivas. Una “catarata” de billetes “frescos” para México, provenientes de inversionistas nacionales y foráneos, según prometió, pero a la vuelta de tres años, y ya –se supone– con la citada “reforma” en plena operación, el resultado parece ser diametralmente opuesto al planteado por el político priísta. Ello, porque resulta que es el gobierno mexicano –con dinero de los mexicanos– quien ha estado financiado los “proyectos energéticos” otorgados a particulares, y no al revés, o lo que es lo mismo, aquella “catarata” ha salido, y saldrá, de las arcas nacionales y no de los inversionistas privados. Pedro Joaquín Coldwell lo detalló así: “La Secretaría de Energía (Sener) formalizó los dos contratos mediante los cuales la banca de desarrollo del país financiará dos proyectos energéticos ganadores de la segunda subasta eléctrica, por un monto de 570 millones de dólares. Durante el acto, el funcionario dijo que al cierre de 2016 el monto que la banca de desarrollo ha canalizado al desarrollo de proyectos energéticos asciende a 48 mil millones de pesos, “cifra récord en la historia del país” (La Jornada, Juan Carlos Miranda). El ex gobernador de Quintana Roo explicó que “los recursos canalizados por conducto del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) serán para los parques eólicos Reynosa III y El Mezquite, adjudicados a las empresas Zuma Energía y Cubico, respectivamente. A estos proyectos se sumarán otros que actualmente son realizados por dichas instituciones de crédito y que la banca de desarrollo también ha apoyado”. Al tipo de cambio actual esos 48 mil millones de pesos equivalen a cerca de 2 mil 670 millones de dólares, un monto nada despreciable y, sobre todo, muy alejado a la supuesta realidad que tres años atrás advertía el titular de la Sener (“el Estado mexicano no tiene recursos propios para enfrentar las necesidades de crecimiento y desarrollo en ambas áreas productivas”). A lo anterior se suma el hecho de que las tres instituciones de la banca de desarrollo (propiedad del Estado mexicano) fueron creadas con objetivos finales muy distintos a los actualmente promovidos por el gobierno peñanietista: Bancomext, fundado 80 años atrás, oficialmente debe destinar sus habilidades, capacidades y recursos a promover y financiar la actividad exportadora mexicana, y no a destinar sus dineros –que son del erario– a financiar negocios energéticos privados (algo que, por lo demás, harían –según promesa oficial– los nuevos inversionistas atraídos por la “reforma” y la “apertura”). En su ley orgánica se estipula: como institución de banca de desarrollo, “tendrá por objeto suerte que debería aportar recursos y otorgar créditos para la construcción de mercados públicos, vialidades y conexos, pero no a financiar los negocios privados en el sector energético. En su ley orgánica se indica que “coadyuvará al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre en los términos del artículo 115 constitucional para lograr el desarrollo equilibrado del país y la descentralización de la vida nacional (…), así como impulsar la inversión y el financiamiento privado en infraestructura y servicios públicos” (ojo: los proyectos privados, en el sector energético o en otro, no son servicios públicos). Por si fuera poco, también debe “generar la infraestructura productiva necesaria para impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas”. Todo indica que los consorcios privados Zuma Energía y Cubico (parque eólicos Reynosa III y El Mezquite, respectivamente) no son precisamente “empresas indígenas” que deben ser beneficiarias de los recursos del citado banco de desarrollo. Pero en este sentido, Pedro Joaquín Coldwell presumió que otro proyecto, el parque Eólico del Sur, “contó con el financiamiento de Banobras por 8 mil 400 millones de pesos a 20 años”, es decir, el gobierno mexicano financia la privatización energética para dar la idea de que la “reforma” respectiva ha sido un “rotundo éxito” y que la “catarata de recursos frescos” fluye “permanente y maravillosamente”, porque los inversionistas privados “confían en el gobierno de EPN”.