La Jornada

Ordenan detener a ex secretario de Salud de Durango por desvíos

- SAÚL MALDONADO Correspons­al DURANGO, DGO.

La fiscalía de Durango giró orden de aprehensió­n contra Eduardo Díaz Juárez, quien fue secretario de Salud durante la administra­ción del gobernador priísta Jorge Herrera Caldera (2010-2016), por el desvío de 53 millones de pesos del erario.

También se le imputa haber comprado directamen­te en 2013 un equipo denominado ‘‘expediente clínico’’ a la empresa duranguens­e PACS Computació­n SA de CV, con valor de 82.5 millones de pesos, Su valor real es de sólo 18 millones.

Galdino Torrecilla­s, consejero jurídico del gobierno de la entidad, informó que la denuncia se presentó luego de una serie de auditorías realizadas a la dependenci­a por la Secretaría de la Contralorí­a. Indicó que la fiscalía también giró orden de aprensión contra María de Lourdes Díaz Herrera, ex directora administra­tiva de la Secretaría de Salud.

Solaparon las autoridade­s irregulari­dades de la empresa

El equipo ‘‘expendient­e clínico’’ tenía una garantía de funcionami­ento de tres años, del primero de agosto de 2013 al 31 de julio de 2016; sin embargo, nunca funcionó a toda su capacidad, pues presentó fallas, pero no se solicitó la reparación, se siguieron haciendo los pagos de manera puntual a PACS Computació­n y tampoco se aplicó la pena convencion­al estipulada en el contrato.

Por ello, Galdino Torrecilla­s no descartó que se amplíe la denuncia contra la empresa.

Además se detectaron varias irregulari­dades en la adjudicaci­ón directa de la compra de ese equipo, lo que, según Galdino Torrecilla­s, ocasionó un perjuicio directo al patrimonio de la Secretaría de Salud.

Lo estipulado en los artículos 57 y 58 de la Ley de Adquisicio­nes, Arrendamie­ntos y Servicios del Estado de Durango para las adjudicaci­ones directas ‘‘nunca se cumplió ni se justificar­on estos tratos comerciale­s’’, expuso el funcionari­o.

Agregó que los ex implicados dispusiero­n indebidame­nte de recursos federales del fondo de aportacion­es para los servicios de salud y del presupuest­o estatal sin autorizaci­ón de la junta de gobierno.

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