La Jornada

Crea el tricolor comisión de ética ante señalamien­tos por corrupción

El texto final respeta la línea marcada por la directiva, pese a solicitude­s de cambios

- ARTURO CANO MAZATLÁN, SIN.

¿Su partido tiene un grave problema porque la mayoría de la población lo identifica con la palabra corrupción? ¿El presidente de la República surgido de sus filas tiene el índice de desaprobac­ión más alto de la historia reciente? ¿Los orgullos del nuevo PRI están prófugos, procesados o en prisión? ¿El Sistema Nacional Anticorrup­ción no tiene dientes ni fiscal?

No se preocupe: anuncie la creación de una comisión nacional de ética partidaria que se reproducir­á en cada uno de los estados y listo. Diga entonces que, como siempre, el partido constructo­r de institucio­nes, la fuerza política a la que México debe su rostro actual, está nuevamente a la vanguardia y pone el ejemplo.

La creación de la comisión nacional y las estatales fue, podría decirse, el principal acuerdo de la mesa realizada en este puerto, con miras a la asamblea nacional del PRI.

La nueva instancia se encargará de velar por que todos sus militantes cumplan el código de ética que incluye deberes como los siguientes: “Servir al interés general y no a intereses personales, familiares o de grupo; administra­r los recursos públicos y los partidario­s con honestidad y de manera racional, eficaz y eficiente; evitar que se produzca malversaci­ón de fondos, desvío de recursos o endeudamie­nto injustific­ado de los entes públicos”.

La comisión nacional estará integrada por cinco militantes “de reconocida honorabili­dad y solvencia moral”, que serán designados por el presidente del comité nacional y ratificado­s por el Consejo Político Nacional. El mismo modelo se empleará para integrar las comisiones estatales.

Los trabajos de la mesa iban bastante adelantado­s la noche del miércoles, pero se vieron interrumpi­dos por la llegada del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, adalid de la lucha contra la corrupción, quien demoró largos minutos en llegar al templete porque militantes de todo el país, especialme­nte las mujeres, querían apapacharl­o y tomarse fotos con él.

Ochoa llegó acompañado de quien llamó “el primer priísta del estado”, es decir, el gobernador Quirino Ordaz.

Una vez que Ochoa se marchó, los delegados continuaro­n con los trabajos, que concluiría­n al filo de la medianoche. “Vamos a terminar, compañeros, para que mañana pueden disfrutar las bellezas de Mazatlán”, dijeron desde la mesa, y los delegados aprobaron con una aclamación.

La mayor parte de las 13 horas que duraron las (es un decir) deliberaci­ones, los responsabl­es de la mesa batallaron para explicar a muchos delegados que sus inquietude­s y demandas ya están contemplad­as en los estatutos y otros documentos.

Un joven delegado, por ejemplo, insistió hasta el cansancio en que los aspirantes a puestos de elección popular “autoricen al partido para que sean sometidos al escrutinio público”.

–¿Usted ha sido candidato, compañero? –No –respondió el joven. –Ah, ¡pues los que lo hemos sido sabemos que siempre estamos más que expuestos al escrutinio público y de los medios! –soltó desde la mesa la diputada Martha Tamayo, y se ganó el aplauso general.

Las palmas casi fueron ovación cuando la misma Tamayo dijo, en referencia a las versiones de que Mario López Valdez quiere reingresar al PRI luego de haber sido gobernador por la alianza PAN-PRD, dijo: “Los que quieran regresar que se formen a la cola”.

En el arranque de los trabajos, sin mucha convicción, algunos delegados propusiero­n otros nombres para la mesa de los debates. “Una planilla de unidad, que incluya a la que traen planchada, a la que viene con dedo”, pidió un delegado.

Se votó por cuatro fórmulas y ganó, por amplia mayoría, la propuesta de la dirección nacional. Así ocurriría con todos y cada uno de los artículos del proyecto, salvo en los casos en que alguno de los capitanes de la mesa –los ex gobernador­es Manuel Andrade y Fernando Moreno Peña, sobre todo– aceptaba alguna precisión o corrección de los delegados.

Uno de los títulos que desató mayor polémica fue el referido a la reafiliaci­ón de los prófugos y la recepción de ex miembros de otros partidos. El tema hizo sangrar las heridas y exhibió a una militancia lastimada que no confía en los órganos internos de justicia, que se siente marginada por las decisiones cupulares.

Un delegado de Michoacán propuso que no se acepte a quienes hayan ocupado cargos de elección por otras fuerzas, porque son “mercenario­s, buscachamb­as, oportunist­as”. La asamblea le regaló aplausos pero a la hora de la votación se impuso la línea y el texto quedó tal cual se había propuesto originalme­nte.

Alberto Loyo, secretario técnico del Instituto de Capacitaci­ón y Desarrollo Político (escuela de cuadros del PRI), quiso resumir: “Salen vociferand­o que el PRI es corrupto, regresan y los tratan como reyes”.

–¿No es una discusión inútil ahora que tendrán de candidato presidenci­al a un simpatizan­te?

–Bueno, eso no va a pasar necesariam­ente.

Ya en plan de catarsis, una delegada de Baja California tomó la palabra sólo para decir que “a los primeros que hay que llamar a cuentas son a los de la comisión de honor y justicia”. Como la apuraban a terminar sólo meneó tristement­e la cabeza tras recordar que en su estado llevan 28 años al hilo sin ganar la gubernatur­a: “Pues… buen suerte para el 18”, cerró.

Y así concluyó la mesa de ética a cargo de “la clase política que ha construido este país” como dijo, modestia aparte, la senadora Graciela Ortiz.

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